La Generalitat valenciana, como lo hizo la totalidad de las comunidades autónomas, remitió ayer al Ministerio de Hacienda su valoración sobre el informe de los expertos en materia de financiación en el que propone que las comunidades autónomas asuman el 70% de la recaudación del IVA (actualmente 50%), para garantizar la sanidad y la educación.
El informe, emitido por la Conselleria de Hacienda y dirigido al comité técnico permanente de evaluación de la financiación autonómica, toma posición respecto a las conclusiones del informe del pasado julio del comité de expertos creado por iniciativa de la Conferencia de Presidentes del 17 de enero del 2017.
El modelo planteado por el Consell se basa en tres principios, que va de la suficiencia de las comunidades para atender los servicios públicos fundamentales, reequilibrio vertical en el reparto de recursos entre la Administración central y las comunidades, y sostenibilidad financiera, con el fin de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a un nivel de calidad homologable en los servicios básicos de sanidad, educación y protección social.
El texto subraya que durante la crisis y hasta la actualidad las comunidades no han podido proteger su gasto en sanidad, educación y protección social, que se ha reducido en términos reales por habitante ajustado un 14,2%.
Por el contrario, el Estado ha incrementado el gasto en sus competencias del Estado de Bienestar (Seguridad Social y políticas pasivas de empleo).
Así, se entiende que las autonomías no gastan demasiado en servicios públicos fundamentales, ya que están un 23% por debajo de la eurozona, y las comunidades de régimen común invierten un 30% menos que las forales.
Tal como señala el documento, las comunidades gestionan el 67% del gasto del Estado del Bienestar, que es financiado con impuestos, según se expone.
DIFERENTE LECTURA POLÍTICA // El president Ximo Puig, por su parte, advirtió ayer al Gobierno de que no van a permitir que «se tiren patadas al balón hacia adelante» sin solucionar el «problema fundamental» de la financiación autonómica. En este sentido, Puig exigió al Ejecutivo de Mariano Rajoy que «cumpla la palabra dada» y se apruebe un nuevo sistema antes de acabar este año.
De otro lado, la vicepresidenta Mónica Oltra indicó que, «igual de rápido» que el Gobierno de España ha «arreglado» el cupo vasco, puede arreglar la financiación de los valencianos y del resto de territorios de régimen común, y recordó que tan solo quedan 38 días para que acabe el año.
Finalmente, la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, consideró «necesario» el «apoyo del PSOE para cambiar el modelo de financiación», a lo que dijo que «el PP nunca va a fallar a los ciudadanos de la Comunitat», recalcó la dirigente popular, quien añadió que «los primeros que queremos cambiar el modelo de financiación somos nosotros».
