El president de la Generalitat, Ximo Puig, anunció ayer la puesta en marcha de un plan de rescate para ayudar a los municipios de la Comunitat más vulnerables. Así, Puig explicó la salida a exposición pública de un decreto ley para garantizar la prestación de servicios públicos básicos en las localidades en situación de emergencia social, como es el caso de la despoblación, o económica.

Según fuentes de la Generalitat, en la provincia de Castellón hay 74 entidades locales con riesgo por su bajo número de habitantes que podrán recibir ayudas para financiar sus servicios básicos mientras que otros nueve podrán acogerse al plan para salir del bache financiero y reducir la carga de la deuda por debajo del 110% de sus ingresos corrientes. La cifra de beneficiarios potenciales asciende a 78, ya que algunos están en las dos listas.

En el conjunto de la Comunitat va destinado a 140 ayuntamientos con riesgo de despoblación y a otros 35 con dificultades financieras. El plan contempla una inversión máxima de 240 millones en el periodo 2019-2023.

Puig destacó la importancia de que el acceso a los recursos públicos no se vea condicionado por el lugar de residencia de una persona y refirió que el objetivo es evitar que para ayuntamientos pequeños sea un problema mantener abiertas residencias de la tercera edad y centros de día, servicios educativos, como escuelas infantiles, instalaciones deportivas o espacios culturales.

A aquellos con problemas económicos, las medidas les permitirán la reducción de la carga en cinco años mediante ayudas. También se abre la posibilidad de comprarles activos, con la opción de estos puedan recuperarlos en un plazo de cinco años, una vez superen esta situación. Así, se cambia liquidez por activos, pero los consistorios mantienen la opción de recuperar aquellos que consideren estratégicos.

Ximo Puig, quien hizo este anuncio en un acto con alcaldes, explicó que la estrategia Juntament, es la expresión de la «alianza» entre la Generalitat y los consistorios puesta en marcha esta legislatura con diferentes programas públicos para reforzar los servicios básicos e infraestructuras de las poblaciones.