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LA COMUNITAT, JUNTO A EXTREMADURA, SERÁ LA ÚNICA CON LEGISLACIÓN ESPECÍFICA

El Consell primará en los contratos públicos la responsabilidad social

El criterio puntuará en subvenciones o para desempatar en una adjudicación. El distintivo de ‘entidad socialmente responsable’ conllevará ventajas

 

EFE
10/06/2017

El anteproyecto de ley valenciana de fomento de responsabilidad social impulsará la responsabilidad social en la contratación pública, primando criterios sociales, éticos y ambientales en las licitaciones y adjudicaciones, que recogerán penalizaciones para los incumplimientos. Estas cláusulas ya han comenzado a aplicarse en la Comunitat, pero con la nueva ley se clarificará y concretará el concepto de responsabilidad social, y se regulará el compromiso de la Administración y sector público valenciano para integrarlo; además de crear el Consell Valencià con empresas, sindicatos y trabajadores.

El conseller de Transparencia, Manuel Alcaraz, presentó el anteproyecto, que cuenta con el apoyo de todos los sectores sociales, con los que se ha trabajado para situar la responsabilidad social «en el centro de las políticas públicas», indicó. La valenciana será la segunda comunidad, junto a Extremadura, que contará con una ley de estas características, pues no existe una estatal, pero sí alusiones dispersas.

En el ámbito privado, se creará el distintivo Entidad Valenciana Socialmente Responsable para aquellas empresas, autónomos e instituciones que acrediten prácticas de responsabilidad social, que valdrán de criterio de desempate en adjudicaciones y servirán para ponderar en las subvenciones.

BENEFICIOS FISCALES / Además, si se considera, el distintivo podrá ofrecer beneficios fiscales. El conseller señaló que está «en desacuerdo» con la situación actual que prima el criterio económico en las adjudicaciones, pues se pueden dar «situaciones disparatadas». El anteproyecto trata de dar un impulso a la contratación responsable desde las oportunidades de empleo, trabajo digno, cumplimiento de derechos sociales y laborales, inclusión social, igualdad de oportunidades, accesibilidad y considerar la sostenibilidad o el comercio justo.

El licitador o contratista tendrá que presentar una declaración responsable de que no realizará en paraísos fiscales operaciones financieras consideradas delictivas. Además, activarán una red de municipios socialmente responsables, aquellos con políticas de responsabilidad social.