El Gobierno valenciano alegará en los próximos 10 días, el plazo dispuesto por el Ejecutivo central, contra la decisión de que se le repercuta el pago de la multa de 19 millones impuesta por la Comisión Europea a España por ocultar 1.891 millones en gastos computables al déficit.
El Consell criticó ayer que “la ocultación fue llevada a cabo por los anteriores gobiernos de Francisco Camps y Alberto Fabra durante los ejercicios del 2008 al 2011”. Recordó que la Comisión Europea abrió investigación sobre los hechos, que se saldó con la imposición a España de una multa de 18,93 millones al constatar una tergiversación de los datos de déficit público comunicados por España. Su origen radicó en que la Comunitat incumplió reiteradamente la aplicación del principio de devengo contable que rige la contabilización del gasto público del 2008 al 2011, lo que supuso una desviación de datos del déficit de 1.891 millones.
Como consecuencia del gasto no remitido por la Comunitat, los datos de déficit de España se vieron afectados por un alza del 0,2% del PIB en el 2011 y hasta un 0,1% en años anteriores.
El conseller de Hacienda, Vicent Soler, anunció por ello que el Consell alegará, pues entiende que es el Gobierno central quien “se tiene que hacer cargo de la multa, porque este era responsable de supervisar datos de déficit de las administraciones públicas y en relación a las instituciones europeas”. “Era competencia de la Administración central supervisar estos datos y ahora ha de asumir esa responsabilidad porque además era perfecto conocedor de la situación. Y añadió además que “el Síndic de Comptes, año tras año, así lo señalaba en sus informes”, reiteró.
Soler insistió en que “lo que pretende el Ministerio es inadmisible” y desde la Generalitat no se permitirá, pues supone “intentar que el actual Consell pague los platos rotos de la catastrófica gestión de los ejecutivos del PP, que convirtieron la ocultación de facturas y gastos en práctica habitual”. Paralelamente, según el conseller, el Ministerio “no puede hacer dejación de sus responsabilidades, máxime cuando la situación era de sobra conocida, los informes del Síndic se trasladaban al Tribunal de Cuentas y su contenido se difundía públicamente y por cauces oficiales”.
Desde la Generalitat recordaron un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que acompaña el expediente remitido por el Ministerio sobre el procedimiento de repercusión de la sanción. En él se “esgrime para eludir sus responsabilidades” que entre 2008 y 2012 “no ha contado con poderes suficientes para comprobar la cuantía y contabilización del gasto por parte de las autonomías”.
CUESTIONARIOS // El informe de la Comisión Europea revela que en enero del 2012 el Consell, presidido por Alberto Fabra, remitió cuestionarios de información contable normalizada del cuarto trimestre del 2011. En ellos figuraban en la cuenta 409 un total de 501 millones, de los que 328 millones se comunicaron “por teléfono”. En abril del 2012 se trasladaron vía cuestionarios 469 millones más en la cuenta 409. Cuando la Intervención General del Estado pidió confirmar datos, la Intervención de la Generalitat comunicó telefónicamente al inicio de mayo una desviación en los datos mayor, que suponía “una deuda adicional de 1.800 millones de gastos sanitarios no registrados en las cuentas”. H
