En la misma jornada en la que la Airef recomendó a la Comunitat Valenciana, entre otras, que ajuste «sus escenarios presupuestarios y su ejecución para compensar riesgos detectados», la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, anunció que los presupuestos autonómicos del 2018 incluirán, como ya pasó en el 2017, una partida «reivindicativa» de 1.325 millones adicionales a los actuales ingresos procedentes del Estado, que reclaman a Madrid.

La «inacción» del Gobierno central para reformar el sistema de financiación autonómica es el argumento esgrimido por Oltra para explicar esta decisión.

En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, celebrado ayer viernes en Alicante, la vicepresidenta dijo que se trata de un acuerdo previo a la aprobación, la semana que viene, del proyecto de ley de Presupuestos de la Generalitat para el 2018 que empezará a debatirse. Según dijo, el objetivo de la medida es «hacer efectivo» el principio de suficiencia y equidad previsto en la ley de financiación y garantizar los derechos de todos los valencianos.

La vicepresidenta aseguró que esta partida, más que «un toque» al Gobierno de España, que también lo es porque el modelo de financiación está caducado desde el 2014 y aún no se ha reformado, «es la manera de garantizar el derecho de los valencianos».

Cargó contra el modelo de cuentas de los anteriores gobiernos populares, al señalar que lo que hacía el anterior Consell era «pintar» el presupuesto, ya que incluía ingresos que eran «mentira», porque sabía que no se iban a ingresar, como por ejemplo por la venta de inmuebles.

mentiras y ficción // Añadió que esas partidas sí que eran «ficticias», porque eran «mentira» y las incluían para poder presupuestar los gastos, que se deben corresponder con los ingresos, de manera que el Partido Popular hacía «trampas» para que «cuadraran» los presupuestos.

Oltra puso de manifiesto que el actual Consell no ha querido hacer esas «trampas» en las cuentas, y por ello incluye una partida que «corresponde» a los valencianos según la Constitución, que habla de suficiencia financiera, y según la ley de financiación de las comunidades autónomas.

«Es obviamente un toque, al Estado en general, no solo al Gobierno central, también al conjunto de comunidades autónomas», de que ese sistema se tiene que modificar, aseveró la vicepresidenta de la Generalitat.