El pleno de Les Corts Valencianes ha aprobado esta madrugada que el Consell pida al Gobierno de España que, mientras no haya cambio en el sistema de financiación autonómica, se modifique el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para introducir un mecanismo exento del pago de intereses.

Esta es una de las propuestas aprobadas durante la segunda y maratoniana sesión del debate de Política general, en el que a lo largo de todo el día y entrada ya la madrugada se han debatido las casi mil propuestas presentadas por los cinco grupos parlamentarios.

El debate ha tenido un polémico final, ya que además de haber finalizado las votaciones a la 1.23 horas con 95 de los 99 diputados de la Cámara, estas se han producido tras un intenso rifirrafe entre los grupos y la presidencia de la Cámara a cuenta de un error de Podemos a la hora de votar su bloque de enmiendas a un grupo de resoluciones.

Pese a reconocer su error y pedir que se repitiera la votación, esta finalmente no ha tenido lugar por decisión de la Mesa -como exigían PP y Ciudadanos-, que tras advertir de que la alternativa era votar las propuestas "una a una" en lugar de por bloques, ha acordado no obstante que el voto de las enmiendas afectadas por el error de Podemos pueda rectificarse en próximas sesiones plenarias.

En cuanto al resto de resoluciones, Les Corts apoyan la celebración de un acto con la sociedad civil valenciana para reivindicar una financiación justa, y piden un nuevo modelo de financiación, que incluya un fondo de reserva común para asegurar los mismos recursos por habitante a todas las autonomías para educación, sanidad y servicios sociales.

Otro de los acuerdos es que el Consell pida al Gobierno de España que cumpla los compromisos adquiridos con las comunidades autónomas sobre los objetivos de déficit, de manera que el límite para el actual ejercicio pase del 0,3 % del PIB al 0,7 %.

Les Corts han aprobado varias iniciativas que plantean revertir las concesiones sanitarias de los departamentos de La Marina y La Ribera, así como instar al Gobierno a que derogue la ley de 1997 que permitió la privatización de la sanidad pública valenciana.

También se ha acordado pedir la derogación del decreto ley estatal de sostenibilidad del sistema sanitario y la retirada de los recursos contra los decretos del Consell para garantizar el acceso universal a la sanidad.

Ignacio Subías (PSPV) ha afirmado que el decreto estatal de 2012 de reforma estructural del sistema nacional de salud es "el mayor ataque" al sistema de salud y a los derechos de los ciudadanos, y ha considerado que la ley sobre habilitación de nuevas formas de gestión del sistema fue "un error" que el PSOE derogará si gobierna.

Daniel Geffner (Podemos) ha defendido una serie de propuestas en el mismo sentido, cuya finalidad es "blindar derechos sociales y la sanidad pública" y ha defendido la recuperación de las concesiones sanitarias de La Marina y La Ribera en 2017.

Desde el PP, Juan José Zaplana ha criticado a los socialistas por no pedir ahora a la Conselleria de Sanidad lo que pedían cuando gobernaban los populares, y ha denunciado el cierre de 950 camas este verano, así como de los centros de salud durante las tardes.

En cuanto a educación, se han rechazado propuestas tanto el PP como de Ciudadanos que han defendido, entre otras iniciativas, la libertad de los padres para elegir centro educativo y la eliminación de los barracones y han denunciado el empeño de Consell por la inmersión lingüística.

Beatriz Gascó (PP) ha denunciado "el caos" y "el desgobierno" en la educación valenciana y ha acusado al conseller de Educación, Vicent Marzà, de ser "un insumiso" y de disfrutar "saltándose la ley" y de aplicar una política educativa "sectaria".

Josep Nadal (Compromís) ha acusado a los populares de haber abierto "un debate estéril" en la educación, ya que el 90 % de la gente ha elegido el centro que ha querido y las unidades concertadas no se han visto disminuidas, y ha instado al PP a traer un solo niño que haya acabado la educación obligatoria y no domine el castellano.

El PP había pedido que se prohibiera la inclusión en los Presupuestos de la Generalitat de partidas "ficticias", porque según el popular Rubén Ibáñez "con cada invento" del Consell en las cuentas se "recorta un derecho de los valencianos".

El diputado de Compromís Jordi Juan le ha replicado que es "más sensato" poner en los ingresos "una partida política reivindicativa, que no inventar ventas de inmuebles y tasas que no se van a cobrar", como hacía el PP.