La familia Cotino tuvo una actividad frenética durante la visita del Papa a València. El exdirigente del PP Juan Cotino no tenía ningún cargo oficial en el evento, pero será juzgado a partir del próximo 9 de marzo en la Audiencia Nacional por ser el presunto «elemento nuclear» de la trama que derivó 7,4 millones de euros de Canal 9 por la instalación de unas pantallas que fueron valoradas en poco más de tres.

Mientras, su sobrino, Vicente Cotino, administrador de la empresa familiar Sedesa, aprovechó los días previos a la llegada de Benedicto XVI para realizar una de las transferencias de Luxemburgo que fue a parar a una empresa vinculada a la red de Eduardo Zaplana. Según recoge el sumario del caso Erial, el sobrino de Cotino trasfirió hasta 2 millones de euros a este país 15 días antes de la visita del Papa a València.

Según consta en la documentación conocida esta semana, Sedesa ordenó una transferencia a favor de Imison Internacional el 23 de junio del 2006 (el Pontífice llegó el 8 de julio). El ingreso estaba precedido del pago de otros 4,4 millones trasferidos a la misma sociedad en el 2005.

Así, en total Sedesa envió a esta cuenta 6,4 millones de euros que, según el sumario, procederían del amaño del servicio de privatización de las ITV y de la adjudicación del plan eólico. A esa cantidad hay que sumar los 600.000 euros de dinero en efectivo que llevó Juan Cotino en el 2001 para constituir la sociedad Imison Internacional, cuya propiedad se atribuye a Zaplana y sus su colaboradores, según el sumario. La investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil eleva a «86.511.400 euros» los beneficios que obtuvo el clan Cotino con estos contratos y su posterior reventa.

DEJA EL CARGO // Juan Cotino dejó la administración de Sedesa cuando José María Aznar lo nombró director general de la Policía. La administración pasó en ese momento a manos de su sobrino Vicente Cotino. No obstante, Juan Cotino siguió manteniendo sus acciones en este grupo.

Finalmente, vendió la totalidad de sus acciones en julio del 2007 tras ser nombrado conseller de Bienestar Social, pues la mercantil tenía relaciones contractuales con la Conselleria, a través de la firma Geocentros del Mediterráneo. Por tanto, cuando se realizaron estas operaciones, Cotino todavía formaba parte de la firma.

Los informes policiales constatan que los Cotino, una de las familias que más poder ha acumulado en la política valenciana, habría abonada las presuntas comisiones a la trama de Zaplana tras vender las concesiones que obtuvo de la Generalitat en operaciones muy ventajosas para los intereses de Sedesa. Solo por transferir sus participaciones en el plan eólico obtuvo una plusvalía cercana a los 40 millones.

Juan Cotino se enfrenta a una petición de 11 años de cárcel por parte de Anticorrupción por impulsar «activamente» la contratación de empresas vinculadas a la trama Gürtel en la retransmisión de la visita que el papa Benedicto XVI hizo a València en el 2006. El sobrino ya ha sido condenado en Gürtel tras admitir que entregó dinero negro para la campaña de Francisco Camps del 2007.

PERFIL ‘OFFSHORE’ // Los investigadores de la Guardia Civil destacan en su último informe el perfil «offshore» de Imison Internacional, que permitió disfrazar «sus vínculos societarios, aprovechando la cobertura legal de confidencialidad para ocultar a los titulares reales y los cambios que se produjeron en relación a esta titularidad. Elemento de especial importancia considerando la operativa que tuvo lugar».

La empresa a la que Cotino enviaba el dinero «se instrumentalizó como vehículo corporativo a la hora de materializar el pago de las presuntas comisiones».