Los impulsores del proyecto, INTU Eurofund, consideran que los dictámenes de la Administración están plagados de incongruencias. Así, indican que, respecto a la evaluación de recursos en la que la memoria decretó que «no quedaría garantizada la disponibilidad del total de recursos hídricos necesarios», se alega que «no es cierto», pues la CHJ «concluye que existe disponibilidad y suficiencia hídrica».

La memoria decretó también que el proyecto generaría un incremento de contaminación acústica, mientras que en las alegaciones se señala como foco de contaminación a la CV-35, por lo que la actuación «no empeora los niveles sonoros y por ello no puede emitirse una memoria desfavorable» al respecto.