La nulidad de las intervenciones telefónicas con el argumento de que no estaban justificadas centraron las peticiones de los abogados de los principales encausados en la supuesta trama de corrupción política y empresarial del contrato de recogida de las basuras de Orihuela (caso Brugal).

La investigación policial de las presuntas ilegalidades destapó 17 piezas separadas sobre supuestas irregularidades en toda la provincia de Alicante, entre ellas las del plan zona de residuos de la Vega Baja y del PGOU de Alicante, con los exalcaldes Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi (PP) como imputados.

Mariano Bo, abogado del principal encausado, el industrial oriolano Ángel Fenoll (se le piden más de 37 años), señaló que el «proceso está viciado de nulidad» al asegurar ante el tribunal que las intervenciones telefónicas «carecen de motivación» ya que en un principio se justificaron en torno a las basuras de Orihuela pero muy pronto se convirtieron «en ver lo que caía en el saco de la investigación».

Para este letrado, se cayó en «rastreos preventivos» que vulneraron el derecho al secreto de las comunicaciones puesto que no se definieron previamente los delitos a perseguir, ya que los pinchazos y sus prórrogas se motivaron en el «cajón de sastre» que engloba la «corrupción política» pero sin citar delitos concretos, como pueden ser cohecho, prevaricación o malversación.

«Eran escuchas que se iban retroalimentando», lo cual, señaló Bo citando diversa jurisprudencia, resulta «despropordcionado» El defensor del exalcalde oriolano José Manuel Medina (PP), Germán Guillén, se sumó a la petición del letrado de Fenoll.

Además de los pinchazos, las defensas pusieron en duda el prolongado secreto de las actuaciones durante la instrucción, durante 36 meses entre la primavera de 2007 y el año 2010.

Tras las cuestiones previas planteadas esta semana, el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, contestará a las mismas entre el 13 y 14 de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los días 20 y 21 de marzo será el turno de la acusación particular, que ejerce el ayuntamiento de Orihuela. Las declaraciones de los acusados, entre ellos los citados Fenoll y Medina y la alcaldesa oriolana popular Mónica Lorente, arrancarán en mayo.