La diputada de Compromís en Les Corts Isaura Navarro denunció ayer ante Anticorrupción que la Generalitat ha pagado durante una década las nóminas de 22 puestos de profesores de Religión que en realidad no daban clase, sino que prestaban sus servicios en las tres diócesis de la Comunitat.

Navarro señaló que este «apaño» para intentar dar «apariencia de legalidad» a una «financiación ilegal de la Iglesia Católica» puede haber costado a las arcas públicas «nueve millones de euros».

La portavoz del PP en les Corts, María José Català, por su parte, denunció la «obsesión enfermiza» que a su juicio sufre Compromís por intentar desprestigiar la enseñanza de la religión.

Finalmente, la diócesis de Valencia tachó de «difamatoria» esta denuncia que «solo busca difamar, calumniar y faltar al honor».