La Diputación de Valencia destituyó ayer a cinco personas que trabajaban en el servicio de protocolo de la institución y a seis que lo hacían en el gabinete de prensa siendo personal contratado por la empresa pública Imelsa, investigada por el posible cobro de comisiones ilegales.
El cese de estas personas, que desde hace unas semanas se encontraban en situación de permiso remunerado, se produjo un día después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya citado a declarar como investigados a varios diputados y exdirigentes de la Diputación que formaron parte del consejo de administración de Imelsa.
En concreto, los días 23 y 24 están citados los vicepresidentes tercero, Emili Altur (Compromís), y cuarto, Rosa Pérez (EU), y el asesor Raúl Pardos (PSPV).
Fuentes de la institución señalaron que había personal adscrito a Imelsa en el área de Cultura, Carreteras, Cooperación, la escuela de capataces de Catarroja y la escuela taller de Llutxent, así como los propios servicios de prensa y protocolo. En concreto, de estas dos áreas hay ocho personas que no han sido despedidas y que han sido recolocadas: tres en el Patronato de Turismo, dependiente de Imelsa, y cinco administrativos que ahora desarrollarán su trabajo en Imelsa y que estaban repartidos en distintas áreas. H
