La Diputación de Valencia considera que el actual convenio colectivo de la empresa Imelsa, investigada por un presunto cobro de comisiones, es ilegal y lo remitirá a la Fiscalía en los próximos días para que tome las medidas oportunas de cara a restablecer la legalidad y exigir posibles responsabilidades.
Un informe interno de la Diputación, al que ha tenido acceso Efe, recoge que el actual convenio colectivo de Imelsa se aprobó el 30 de abril de 2015, uno días antes de las elecciones, e incluye "cláusulas de blindaje" y otras "que podrían ser ilegales".
En concreto, el informe destaca que la cuestión "de mayor calado" heredada en materia laboral se refiere a la contratación de personal, "que no respondía, en general, a procesos reglados con cumplimiento de los principios de legalidad de publicidad, concurrencia, mérito y capacidad".
Destaca además que el convenio, que tenía un plazo de vigencia de 5 años, se aprobó exclusivamente por la empresa y el sindicato mayoritario CSIF, no siendo votado por CCOO y UGT.
Además, el convenio, "que no se llevó al conocimiento, debate y aprobación, en su caso, del consejo de administración de la empresa ni de su junta general", no incorpora un informe claro y propio de la Intervención de la Diputación sobre la existencia de recursos que den soporte a los acuerdos convenidos.
El citado convenio incluía algunas cláusulas de blindaje y "otras que podrían resultar ilegales, además de otros aspectos que suponían, de facto, dificultades para la continuidad, gestión y desarrollo de la empresa", una circunstancia que podría llevar a "desistir del futuro de la empresa y encaminarnos a un proceso de disolución y liquidación de la misma", según recoge este informe.
El convenio colectivo se publicó en el BOP de 4 de agosto "con pleno desconocimiento de la nueva dirección y de la nueva Corporación, quienes en ningún momento fueron advertidos de dicha situación", sobre lo que el informe interno recuerda que "no existió traspaso alguno de poderes de la anterior dirección de Imelsa, quien ni siquiera ha realizado gesto alguno de colaboración".
Ante esta situación, el informe de los actuales gestores provinciales hace un repaso de las actuaciones llevadas a cabo en el seno de Imelsa y resalta que se ha realizado una "auditoría laboral para conocer la realidad de la plantilla de personal de la empresa y adecuarla a las necesidades actuales".
También se ha finalizado una "auditoría de legalidad" encargada por la Intervención de la Diputación de los años 2011 a 2014, donde se hace referencia a la "arbitrariedad de conceptos retributivos e incrementos en los ejercicios pasados no sujetos a Ley".
En cuanto al convenio colectivo, se comenzó un proceso de estudio y asesoramiento con el objetivo de "clarificar la legalidad o no, en todo o en parte, del citado convenio y proceder en consecuencia".
"Después de un minucioso estudio, hemos decidido dar traslado del mismo y de toda la documentación soporte al Ministerio Fiscal, como órgano al que corresponde la defensa de la legalidad, para que sea quien resuelva acerca de la validez del mismo o inste a las autoridades pertinentes el restablecimiento de la legalidad y en su caso exigir responsabilidades por la adopción del citado convenio colectivo".
Igualmente resalta el informe que se ha procedido a "finalizar la relación laboral de varios trabajadores por motivos de reestructuración de la empresa y porque en muchos casos los puestos que ocupaban no respondían a sus contratos de trabajo ni necesidades de la empresa".
Señala además el informe que la intención del actual cuatripartito en la Diputación, integrado por PSOE, EU, Compromís y Valencia En Comú y presidido por el socialista, es "iniciar nuevas negociaciones entre los representantes de los trabajadores y la empresa, que se establezca un nuevo marco de relaciones", al tiempo que se comience a realizar una oferta pública de empleo, para lo cual "se están revisando todos los procedimientos internos".
