La Oficina de Drets Lingüístics de la Generalitat cerró el 2018, su primer año completo, con un total de 31 reclamaciones, 53 sugerencias y tres consultas, de las que la gran mayoría (88,5%) fueron por discriminaciones lingüísticas hacia el valenciano, aunque todas se resolvieron satisfactoriamente salvo una. Así lo recoge la memoria anual del órgano --que arrancó su andadura a finales del 2017 y no tiene potestad sancionadora--, presentada ayer por el director general de Política Lingüística, Rubén Trenzano, a los seis grupos políticos de Les Corts y a Delegación de Gobierno.
De las 87 solicitudes tramitadas en 2018, un total de 77 se presentaron en valenciano y diez en castellano, por lo que el departamento destaca la «diferencia abrumadora» ante «los valencianohablantes que consideran que se han vulnerado sus derechos».
