El Tribunal de Cuentas, con la finalidad de recuperar para el erario público parte del dinero sustraído en la trama corrupta del conocido como caso Blasco, ha hecho efectivo el embargo de 59.000 euros a tres de los condenados en esta causa --entre ellos el propio Rafael Blasco--, unas cantidades que han sido transferidas a la Generalitat valenciana, tal y como consta en una de sus últimas notificaciones.
La intención del tribunal, según se ha hecho público, es que la Administración autonómica pueda recuperar los 1,7 millones sustraídos de fondos públicos, adjudicados en su día para financiar proyectos de cooperación.
De esas ayudas solo llegaron a su destino 43.953 euros. El resto lo gastaron, según se consideraría probado, a comprar diversos inmuebles en València.
La medida afecta, además de a Rafael Blasco; su exsecretaria general administrativa, Tina Sanjuán; y el exsubsecretario de Solidaridad, Alexandre Català. El primero de ellos, fue condenado a seis años y medio de prisión por malversación, prevaricación y falsedad documental.
El Tribunal de Cuentas considera que la trama corrupta ideada para aprovecharse de estas ayudas humanitarias se apropió de 1.623.819 euros de las arcas públicas valencianas. En la sentencia del TSJCV ya se detalló la necesidad de devolver las cantidades, una intervención reservada al órgano auditor del Estado.
