La Comisión Europea ha dado un plazo de un mes al ministerio español de Economía para que clarifique si existen contratos públicos de administraciones valencianas que hayan sido beneficiados con fondos europeos que se encuentren actualmente inmersos en alguna investigación judicial por posible corrupción.

En una carta a la que ha tenido acceso Efe, la directora general de Política Regional y Urbana, Charlina Vitcheva, expresa al director general de Fondos Europeos del Ministerio, José María Piñero, su preocupación ante la publicación de informaciones que podrían afectar al uso de fondos europeos en la Comunitat Valenciana.

“Estamos muy preocupados” por esas revelaciones, comienza la carta en la que la responsable comunitaria no asigna a ningún caso en concreto, aunque la fecha de registro de esa misiva en el Ministerio de Economía (el 16 de febrero) se enmarca en el momento álgido de la ejecución de la operación Taula iniciada a raíz del denominado caso Imelsa.

“Dichos artículos se refieren al supuesto cobro de una comisión del 3% cargada a empresas que se beneficiaron de contratos públicos adjudicados por los diferentes niveles de la administración pública valenciana. Según estas informaciones, dichos casos están siendo investigados pro las autoridades españolas”, señala Vitcheva. Reconoce que el “alcance del fraude” no está aún “suficientemente claro” debido a que las investigaciones están en curso, como tampoco lo está “en qué medida los fondos europeos se podrían ver afectados”.

Sin embargo, “dada la importancia” de los hechos investigados, “invita” al Ministerio a que averigüe si hay proyectos cofinanciados por fondos europeos que se ven afectados por estas investigaciones y proporcione, en el plazo de un mes, “toda la información pertinente” en relación con la instrucción.

Ello incluye, detalla el documento de la responsable europea, “una lista de los organismos intermedios bajo investigación y una lista de proyectos cofinanciados por el Feder, si fuera el caso”. Para cada proyecto pide que se informe sobre el importe total y también el importe total certificado del mismo.

“Es de suma importancia que en casos de uso fraudulento de fondos europeos, la autoridad de gestión tome las medidas adecuadas de conformidad con las normas de buena gestión financiera”, remarca Vitcheva. H