El exalcalde de Alicante por el PSOE Gabriel Echávarri y dos de sus entonces asesores municipales, Eduardo Díez y Pedro de Gea, negaron ayer la existencia de un supuesto delito de fraccionamiento de contratos cometido desde la Concejalía de Comercio, en la primera sesión del juicio que se celebra desde este lunes en la Audiencia de Alicante por el llamado caso Comercio.

Se enfrentan a una posible pena de 10 años de inhabilitación, por un presunto delito continuado de prevaricación administrativa por la adjudicación directa de hasta 25 contratos menores, por un importe inferior a 18.000 euros cada uno, pero por una suma global de 189.000 euros.

El primero en comparecer fue el exalcalde, quien se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de la Fiscalía, representada por el fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, y se limitó a explicar, a preguntas de su letrado, que él no tuvo ninguna intervención en la tramitación de esos 25 contratos bajo sospecha.

Aseveró que no tuvo conocimiento de ellos ni de la existencia de «problemas» hasta que se lo comunicó su jefe de Gabinete de Alcaldía, Eduardo Díez, en febrero del 2017. Después, apuntó que pidió al jefe del servicio de la Concejalía de Comercio, Diego Agulló, que le facilitase copia de esas facturas. Y, según manifestó Echávarri, a partir de ahí se puso «en manos del interventor y de los servicios jurídicos».