Sigue el goteo de información procedente del sumario del caso Imelsa, cuyo secreto se ha levantado esta semana. Ayer se supo que el exgerente de Imelsa, conocido también como el yonqui del dinero, Marcos Benavent, uno de los principales investigados en la causa, podría haber recaudado 83.000 euros en comisiones ilegales de contratos supuestamente amañados para la exconcejala de Cultura de Valencia, María José Alcón, y el Partido Popular.

En el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incluido en el sumario del caso Imelsa, cuyo secreto de sumario se levantó el jueves, los investigadores achacan a Benavent el doble papel de “intermediario” y “recaudador”, mientras que Alcón “hacía valer su posición privilegiada” para “influir” en la adjudicación a determinadas empresas.

Según fuentes cercanas a la investigación, los contratos públicos de los que supuestamente se cobraron “mordidas” eran los de mantenimiento de La Lonja, limpieza de las Torres de Quart, conservación de los puentes históricos de Serrano y Trinidad, y explotación y gestión del centro cultural La Rambleta.

El informe se elabora a partir de las grabaciones de conversaciones entre Benavent y Alcón, que forjaron una “relación de intereses” gracias a la entonces pareja sentimental de la exedil, Vicente Burgos, gerente de la Fundación Jaime II el Just, en la que trabajaba Benavent.

El concurso para la limpieza y mantenimiento de las fachadas interiores y exteriores de la Lonja se adjudicó en noviembre de 2003 a Estudios Métodos de la Restauración (EMR), cuyo representante legal era Carlos Vicent Gil, por 1.027.674 euros, a los que se añadió en septiembre de 2005 una ampliación de 448.000 euros, adjudicada a la misma empresa.

Según Benavent, Enrique Aleixandre, vinculado a Universo Selección y Tres Servicios, “le habría entregado dinero o favorecido con el regalo de un vehículo”, además, por las adjudicaciones.

En las grabaciones, Alcón habla de la ganancia que obtendrán de estos contratos, “unos 9.000 euros de los 500.000”, “solo” un 2%, pero con que los comprará “dos regalitos en Navidad”.

caturla y ciegsa // Por otra parte y también dentro del caso Imelsa, un exempleado de Ciegsa que testificó ante los agentes de la Guardia Civil sitúa al exsecretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, como responsable del incremento de los costes de adjudicación de proyectos y del supuesto cobro de comisiones ilegales. Según consta en la declaración que este testigo, responsable de la división técnica de Ciegsa entre el año 2000 y el 2005, hizo el pasado mes de marzo en la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, Caturla le despidió tras negarse a aceptar incrementar el coste de una obra adjudicada a Sedesa, la firma de Vicente Cotino.

Antes de la llegada de Caturla a Ciegsa, el proceso de adjudicación de centros escolares a través de esta empresa pública dependiente de la Generalitat valenciana se basaba en baremos que realizaban los técnicos del departamento de proyectos. H