Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional señala que extrabajadores de la empresa Crespo Gomar aseguran que no realizaron campañas publicitarias para las sociedades investigadas en el caso de presunta financiación irregular del PSPV, que sí emitieron facturas, como apunta otro informe que ya recogió este diario. Esto apunta hacia la tesis de este primer informe: que las empresas facturaban cuando, en realidad, las campañas publicitarias las recibió el PSPV a cambio de adjudicaciones.
Según el último documento, remitido al Juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm el 15 de marzo, los extrabajadores declararon que cinco sociedades investigadas «no habían sido clientes» de Crespo Gomar, es decir, que «ninguno» de los trabajadores «había participado en ninguna campaña publicitaria» para esas empresas». También afirmaron que no tenían conocimiento de que «ninguno de sus compañeros lo hubiera hecho».
adjudicación ilegal // La UDEF señala asimismo que en el rastreo de contratos públicos adjudicados a Crespo Gomar y otras firmas vinculadas, se localizaron siete contratos que fueron analizados por la Intervención General del Estado, que concluyó que en todos los procesos de adjudicación de los mismos se había incumplido reiteradamente la ley.
Los investigadores tomaron entonces declaración a algunos de los antiguos empleados de Crespo Gomar, seleccionados según su experiencia y salarios más elevados y que hubieran interpuesto alguna demanda a la empresa. Entre los candidatos se encontraban diseñadores gráficos, comerciales «ejecutivos de cuentas» y empleadas de proyectos.
La investigación de los contratos comenzó en el 2016 en un juzgado de València, que apreció indicios de que dichas adjudicaciones podrían haber servido para financiar campañas electorales del PSPV en el 2007, y que posteriormente se inhibió a favor de Madrid, Benidorm y Gandia al considerar que los hechos se produjeron en las citadas ciudades.
Según el juzgado de València que inició las pesquisas, las adjudicaciones presuntamente fraudulentas tuvieron como beneficiaria a la agencia de comunicación Crespo Gomar, cuyo presidente es Alberto Gomar, hijo del que fuera teniente de alcalde de Gandia en el 2009, Antoni Gomar. Esta empresa, supuestamente, trabajó en la organización del congreso regional del PSPV en el que se eligió a Jorge Alarte como secretario general, y también en las campañas municipales de Etelvina Andreu en Alicante y Juan María Calles en Castellón en el año 2007.
