Diez años después de que comenzara a investigarse el caso Brugal, tras difundirse unas grabaciones en las que se ponían de manifiesto unas presuntas irregularidades en la adjudicación del concurso de recogida de residuos en Orihuela, la Fiscalía Anticorrupción hizo públicas ayer sus conclusiones en las que pide penas que suman 16 años de cárcel y 44 de inhabilitación para el expresidente de la Diputación de Alicante y del PP de esta provincia, José Joaquín Ripoll. El ministerio público acusa al dirigente popular de seis delitos: cohecho continuado, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, prevaricación, fraude y negociaciones prohibidas a funcionarios públicos.

ADJUDICACIÓN DE BASURAS // Anticorrupción solicita en su escrito de acusación provisional abrir juicio, además, contra otros doce acusados por su implicación en las supuestas irregularidades detectadas en la adjudicación del Plan Zonal de Residuos de la comarca de la Vega Baja. Entre ellos destaca el exportavoz socialista en la Diputación alicantina, Antonio Amorós, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

La investigación del caso Brugal se inició en el 2006 después de que el industrial Fenoll difundiera unas grabaciones con un concejal de Orihuela que ponían de manifiesto unas presuntas ilegalidades en la adjudicación del concurso local de basuras, donde supuestamente iba a resultar desfavorecida la mercantil que es de su propiedad, Colsur.

El sumario se desgajó en los años posteriores en una veintena de piezas separadas de las que las más importantes se refieren al plan zonal de residuos, la citada contrata de basuras de Orihuela y el Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante.

Ripoll y los principales implicados en la rama de la planta zonal de residuos fueron detenidos en una operación desarrollada por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción y un juez de Orihuela en julio del 2010. La operación incluyó un llamativo registro en la sede de la Diputación, así como en el domicilio particular del propio Ripoll, en el ayuntamiento de Orihuela y en numerosas empresas relacionadas con el presunto amaño.

El exportavoz socialista, Antonio Amorós, se reafirmó ayer, a través de una nota, en su “honradez y confianza en la justicia”. H