La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal y ha designado fiscal instructor, a raíz de una denuncia presentada por el sindicato CSI·F sobre contrataciones en la Conselleria de Sanidad que podrían ser constitutivas de delito.
Así lo ha dado a conocer hoy la central sindical, que llevó a la Fiscalía casos como el nombramiento del subdirector económico del Hospital de Llíria, que podría tratarse de un "asesor encubierto", o la contratación para una vacante de un hijo de la subdirectora de Recursos Humanos de la Conselleria.
Según un comunicado del sindicato, trasladaron la incorporación de una persona licenciada en Filosofía y sin trayectoria en función pública como subdirector económico del Hospital de Llíria, un contrato "de alta dirección a pesar de que apenas interviene en el departamento", por lo que podría tratarse de un "asesor encubierto".
El sindicato también pedía investigar la contratación como auxiliar de Salud pública de un hijo de la subdirectora de Recursos humanos, que está cubriendo una vacante "con la única experiencia previa de un contrato de apenas mes y medio de sustitución, y sin concurrencia en una prueba de selección".
El CSI·F pedía que se ampliaran las investigaciones a la contratación en La Fe, como técnico superior de higiene del trabajo, de una persona "que no estaba en la bolsa de esa especialidad y a la que se aplicó una mejora de empleo mientras cubría una baja", un hecho "totalmente inusual".
Asimismo, el sindicato aludía al "nombramiento directo de personal" del departamento de salud Hospital Arnau-Llíria, que permanece en sus puestos "durante meses sin ni siquiera estar inscritos en la bolsa de trabajo".
El sindicato recuerda que al llamado 'bolsín' únicamente se puede recurrir para cubrir días sueltos de vacaciones o permisos por enfermedad en los que no se haya expedido el correspondiente parte de baja.
El CSI·F también trasladó a Fiscalía el anuncio de selección de personal para la realización de tareas de actualización del entorno tecnológico, ya que las juntas de personal "no han sido informadas" y Conselleria "tampoco ha recurrido a la bolsa de trabajo de instituciones sanitarias", donde está la categoría de informático, para cubrir esas plazas.
Según la denuncia, "lo expuesto evidencia que la decisión de seleccionar personal y actuaciones llevadas a cabo para ello se han realizado al margen y obviando la normativa vigente".
