La Fiscalía Provincial de Valencia ha incoado diligencias de investigación penal a raíz de una denuncia del PPCV sobre contratos en la Conselleria de Igualdad, en la que se afirma que ha habido fraccionamiento ilegal de contratos y recurso sistemático al procedimiento de enriquecimiento injusto. La documentación indica que estos hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación y pide que la Fiscalía interrogue a Oltra, al president de la Generalitat, Ximo Puig, a todos los consellers y al interventor de la Generalitat en la Conselleria de Igualdad, entre otros.
La denuncia, presentada el pasado 17 de enero y a raíz de la cual la Fiscalía comunicó el 29 de enero la apertura de diligencias, afirma que ha habido fraccionamiento ilegal de contratos en la Conselleria que dirige Mónica Oltra para eludir la libre concurrencia de licitadores y la fiscalización por la Intervención.
enriquecimiento injusto // Además, afirma que se ha recurrido sistemáticamente al reconocimiento de deudas por la vía del enriquecimiento injusto para evitar cualquier tipo de contratación administrativa y para eludir también toda fiscalización por parte de la Intervención.
El texto, al que ha tenido acceso Efe, aporta una muestra de expedientes de la Conselleria de Igualdad en los que se habrían producido estas prácticas, y cifra en 43,7 millones de euros el importe acumulado de los pagos en los que se ha eludido «todo procedimiento de contratación, así como la fiscalización».
La Conselleria de Igualdad indicó ayer, por su parte, que ninguno de los expedientes a los que se refiere la denuncia puede ser aprobado con informe negativo por la Intervención de la Generalitat, dado que sin el informe favorable del órgano fiscalizador «ni se contabiliza, ni se paga».
Igualdad afirma, asimismo, que es falso que la vía del enriquecimiento injusto eluda la fiscalización porque esos gastos pasan por la Intervención General.
servicios esenciales // Según el departamento de Oltra, los resarcimientos que se han tramitado lo son por servicios respecto de los cuales se ha finalizado el contrato sin que haya dado tiempo a tramitar uno nuevo, por lo que las empresas que resultaron adjudicatarias en concurso público y en concurrencia continúan prestando los mismos. «Los servicios esenciales necesitan seguir siendo prestados porque se trata de atención a personas», señalaron desde Conselleria.
La denuncia del PP asegura que existe una actuación reiterada por pequeños periodos y con las mismas empresas de servicios como la limpieza de distintos centros sociales de esa Conselleria, siempre por importes inferiores a los límites del contrato menor (18.000 euros), pero fraccionados «en claro fraude de ley». «Existe una verdadera acumulación de expedientes cuya razón es llevar a término esta práctica», insiste la documentación del PPCV.
