Los funcionarios de la Generalitat deberán dirigirse y atender al ciudadano en valenciano en primer lugar, bien en el mostrador, por teléfono o en una consulta. El pleno del Consell aprobó ayer el decreto por el que se regulan los usos institucionales y administrativos de las lenguas oficiales de la Comunitat, el valenciano y el castellano, para «garantizar los derechos lingüísticos» de los ciudadanos, según marca el Estatut d’Autonomia y la ley 4/1983 de Ús i Ensenyament en Valencià.
La normativa establece que el valencià es la lengua vehicular de la Administración de la Comunitat, la que marcará desde la rotulación de las instituciones, la web --que seguirá siendo bilingüe--, las notificaciones, los contratos y convenios y la atención al público. Eso sí, marca que, en las comarcas castellanoparlantes se hará una excepción cuando lo solicite el intermediario.
«El personal de la Administración ha de poder atender en la lengua que el usuario tiene derecho a utilizar, tampoco se ha de hacer un doctorado. Si iniciamos una conversación en valenciano y la persona quiere seguir, puede hacerlo, o bien hablar en castellano. Hablamos de iniciar una conversación, no de saber la fórmula de la Coca-Cola», tal y como explicó tras la reunión la vicepresidenta, Mónica Oltra.
Además, establece que las autoridades y altos cargos del Con-
sell «procurarán» utilizar el valencià públicamente, aunque puso el acento en que en las zonas castellanoparlantes «es absurdo obligar a alguien el valenciano, porque hay quien no sabe».
La medida, bajo el paraguas normativo de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, entrará en vigor en seis meses, en noviembre, coincidiendo con el 24º aniversario de la Llei d’Ús, y proclama «el derecho de valencianos a conocer y usar el valenciano oralmente y por escrito, tanto en privado como en las relaciones con la Administración, tanto local como autonómica», que priorizará el valencià en todos los aspectos.
