La futura ley de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat incluye en su memoria económica 4,4 millones de euros para la exhumación de fosas comunes, de las que existen unas 300, con un coste medio de exhumación de 15.000 euros.
Así lo manifestó ayer la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell, en el que se aprobó el anteproyecto de ley que busca reparar los daños causados a las víctimas de la guerra civil y del régimen franquista y restablecer su dignidad.
Bravo explicó que al coste de exhumación de las fosas, que se ha fijado a partir de la opinión de expertos, habría que sumar el coste de verificación y delimitación del total de las fosas (la tarea previa a la exhumación en sí), que se cifra en unos 3.000 euros.
Además, la consellera adelantó que la norma prevé que la memoria democrática forme parte del currículum de ESO y FP, si bien el contenido de esa materia y el curso a partir del cual se implantará le corresponderá determinarlo a la Conselleria de Educación.
La norma se articula en torno a tres derechos (el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la memoria democrática valenciana), además del reconocimiento público y homenaje a las víctimas. Además, establece un plazo máximo de un año a partir de su entrada en vigor para proceder a la eliminación de elementos contrarios a los valores democráticos, y contempla instar al Gobierno a crear una comisión de la verdad, al tiempo que prevé una de ámbito autonómico. La ley, según explica la Generalitat, prevé la creación de un censo de víctimas público; la localización de desaparecidos, especialmente de niños durante la dictadura, y la denuncia a la autoridad judicial de la comisión de posibles delitos que se dedujeran de las localizaciones, identificaciones o hallazgos de restos que se produzcan.
MEDIDAS / Consagra el derecho de las víctimas a que se haga justicia y contempla la realización de un protocolo de puesta en conocimiento en el caso de que existiesen indicios de la comisión de delitos, y el inicio de acciones procesales en nombre del Consell.
Además, se garantizará el derecho de información y asistencia a las víctimas y sus familiares, y se prevé la colaboración y seguimiento de los informes y recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales.
La ley plantea declarar como día de recuerdo y homenaje de las víctimas el 28 de marzo, en recuerdo del fallecimiento del poeta Miguel Hernández y recoge la prohibición de exhibir símbolos y elementos contrarios a la memoria democrática. H
