La Conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio anunció ayer que ha autorizado a la Abogacía de la Generalitat para que se persone en la causa que investiga la construcción del circuito de Fórmula 1 (F-1) en València y por la que se investiga, entre otros, al expresident del Consell Francisco Camps, a quien se le complican las perspectivas judiciales. Está imputado igualmente en el caso Valmor, relacionado también con la F-1, así como ha sido mencionado como el responsable de los pagos en B en el juicio que se sigue en la Audiencia Nacional por las piezas valencianas de la trama Gürtel, que hoy, viernes, retoma las sesiones con la declaración del último de los acusados, que está considerado blanqueador de la red y exvicepresidente de Repsol YPF Ramón Blanco Balín.

el coste // La consellera María José Salvador, quien recordó que las obras costaron 100 millones de euros y su pago no terminará hasta el 2023, remitió ese escrito después de conocer el pasado miércoles que el Juzgado de Instrucción número 17 de València había citado a declarar a Camps y otros exaltos cargos investigados en el procedimiento judicial abierto por las adjudicaciones realizadas en los años 2007 y 2008 por la entidad pública GTP.

Esas adjudicaciones se refieren a los contratos relativos a las obras de «conexión de la Alameda-Avenida Francia-Puerto y acondicionamiento de la Marina Real». La Conselleria remitió en 2017 a la Guardia Civil toda la documentación solicitada por la Fiscalía relativa a estos asuntos.

Se acreditaban, además, los posibles justificantes de los gastos abonados por la Generalitat al exconseller Mario Flores y al exsecretario autonómico Victoriano Sánchez Barcáiztegui con motivo del viaje en el 2008 a Dubái y Bahréin. Según Salvador, «la Generalitat va más allá y no solo ha cumplido con su obligación de colaboración con la justicia sino también debe cumplir con su obligación de defender el interés público de los valencianos».

Señaló que las obras de la construcción del circuito de la Fórmula Uno en València costaron 100 millones de euros solo a la Conselleria, de los cuales hay un crédito de sesenta millones que se empezó a amortizar en el año 2016 a razón de 7,5 millones de euros por ejercicio hasta 2023.