La comisión bilateral de cooperación entre la Administración general del Estado y la Generalitat ha iniciado negociaciones para resolver las discrepancias manifestadas sobre dos artículos de la ley de igualdad de personas LGTBI relacionados con la legislación laboral. Los artículos objeto de discrepancia son el 26, referido a las medidas en el ámbito del empleo y de la responsabilidad social para la igualdad de trato y oportunidades de las personas LGTBI, y el 60, en el que se detallan las infracciones administrativas que son aplicables.

El Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y el Boletín Oficial del Estado publicaron ayer una resolución del pasado 1 de marzo por la que se acuerda el inicio de estas negociaciones y la designación de un grupo de trabajo que proponga una solución a la comisión bilateral. Fuentes de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas indicaron que, en el artículo sobre la obligación de las empresas de respetar la igualdad de trato, de condiciones y oportunidades de las personas LGTBI, el Gobierno central estima que va más allá de las competencias autonómicas en esta materia.

En el caso del artículo sobre las sanciones, donde se hace referencia a la implantación, impulso o tolerancia de prácticas discriminatorias en el ámbito laboral, el Ejecutivo cree que el procedimiento sancionador corresponde solo a la Inspección de Trabajo.

casi unánime// La ley valenciana para la Igualdad de personas Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales e Intersexuales, fue aprobada el pasado mes de noviembre en Les Corts Valencianes con el apoyo del PSPV-PSOE, Compromís, Ciudadanos y Podem, y la sola abstención del Partido Popular.

La norma prohíbe las terapias de aversión para modificar la orientación sexual; prevé multas de hasta 120.000 euros en caso de infracción muy grave, como realizar o difundir de esas terapias; y su objetivo es prevenir agresiones y erradicar cualquier discriminación por aquellas cuestiones de orientación sexual.

La comisión bilateral es el paso previo a la presentación de un recurso de inconstitucionalidad si no se consigue en ella un acuerdo en el plazo de seis meses.

Desde Podem, la candidata a Les Corts por Castellón, Cristina Cabedo, ha defendido que la normativa «debería ser un ejemplo para todo el Estado».