El Consejo de Ministros aprobó ayer un acuerdo por el que se solicita al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad sobre algunos artículos de la ley valenciana por la función social de la vivienda.

Según la referencia del Consejo de Ministros, los preceptos objeto de impugnación incurren en extralimitación competencial e invaden las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil y planificación general de la actividad económica.

Si bien la ley, dice la nota de prensa del Consejo de ayer, tiene por objeto regular el derecho a disfrute de una vivienda asequible, digna y adecuada en el territorio de la Comunitat Valenciana, en los apartados objeto de impugnación se extralimita el ámbito competencial.

Además, el Consejo también aprobó un acuerdo por el que se insta al Gobierno a poner recurso de inconstitucionalidad contra un artículo de la ley para paliar y reducir la pobreza energética (electricidad, agua y gas) en la Comunitat Valenciana.

Dicho artículo regula la declaración de un hogar en situación de vulnerabilidad social, en cuyo caso determina un procedimiento previo al corte de suministro.

Según la referencia del Consejo, la ley autonómica, en su artículo 3, establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro.

Por tanto, el Gobierno argumenta el recurso de inconstitucionalidad en la invasión de competencias y cita la sentencia del Tribunal Constitucional 62/2016 que ya afirmó la preferencia de la competencia estatal en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y las bases del régimen minero y energético, recogidas en la Constitución.

EL CONSELL LO VE UN ATAQUE // La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, afirmó que el recurso del Gobierno es un «ataque directo al derecho de los valencianos a una vivienda digna, un derecho fundamental reconocido en el Estatuto de Autonomía y en la Constitución Española». Salvador criticó ayer que mientras que el gobierno de Ximo Puig «apuesta por reconocer y dar derechos a los valencianos», el ejecutivo de Mariano Rajoy «ataca cada uno de los pasos dados para avanzar en el estado de bienestar y se queda de brazos cruzados actuando como el perro del hortelano porque ni legisla ni deja legislar», señaló a través de un comunicado al efecto.