El Consejo de Ministros aprobó ayer repercutir a la Generalitat la multa de 18,93 millones de euros que la Unión Europea impuso a España después de que el Consell manipulase en 1.800 millones los datos del déficit del 2008 al 2011, como reconoció en el 2012. Según la referencia del Consejo de Ministros, el Estado abonó la multa el 28 de enero a la Comisión Europea e inició el procedimiento de derivación de responsabilidad a la administración responsable, la Generalitat.
El procedimiento, tras analizar las alegaciones del Gobierno valenciano, concluye que la responsabilidad por los hechos corresponde en exclusiva a la Comunitat. Además señala que a los 18,93 millones habrá que sumar 57.568 euros en concepto de intereses compensatorios de los costes financieros devengados desde el pago del Gobierno central.
Como es lógico, la decisión del Consejo de Ministros alzó ampollas en el actual Gobierno regional. El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ya avanzó ayer que la Generalitat recurrirá ante el Tribunal Supremo la decisión. “Los valencianos no nos merecemos un Gobierno central tan insensible hacia la Comunitat y tan antivalenciano”, censuró Soler, quien precisó que el Ejecutivo autonómico formalizará un recurso contencioso-administrativo ante el alto tribunal para impedir lo que calificó de “injusticia”.
El titular de Hacienda lamentó que el Gobierno central haya ignorado las alegaciones que presentó la Generalitat y en las que, recalcó, “se demostró, con las auditorías anuales de la Sindicatura de Comptes y la aportación de una muestra de informaciones de los medios de comunicación a lo largo de varios años, que el Gobierno central, la Igae y el INE eran perfectos conocedores de las prácticas contables de los Consells del PP a la hora de esconder facturas sanitarias y el Gobierno de Rajoy miró para otro lado”.
“Era algo público, como la propia Comisión Europea constató en su investigación. Ahora, el Gobierno de Rajoy no puede eludir sus responsabilidades”, cerró. H
