La Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destinado 8,3 millones de euros a reducir su deuda con los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana, que a fecha de 1 de marzo se ha visto reducida a 1,9 millones de euros, según los datos facilitados por el Servicio de Gestión Económica del departamento que dirige la vicepresidenta Mónica Oltra.
La deuda con los ayuntamientos ascendía a más de 22 millones de euros en septiembre del año pasado, y afectaba a programas de Inclusión Social, Igualdad en la Diversidad, Servicios Sociales, Menores, Diversidad Funcional, Gestión de Centros y Programas de Personas Mayores y Ordenación y Prestación de la Dependencia.
La deuda global de la Conselleria asciende en estos momentos a 63,1 millones de euros, frente a los 101,1 millones de euros que el Servicio de Gestión Económica y Presupuestaria tenía contabilizada en septiembre del año pasado, lo que ha supuesto dejar una cifra de endeudamiento reducida prácticamente a la mitad de la cifra inicial.
Estos pagos han sido posibles gracias a un cambio de criterio en los pagos autorizados desde Tesorería de la Generalitat, y a la inyección de 168,2 millones de euros que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas percibió a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y que se ha destinado a atender diferentes recursos y prestaciones.
De la cantidad percibida, 110 millones se destinaron a la atención de personas mayores y personas en situación de dependencia, y 26 millones a recursos y prestaciones dirigidos a personas con diversidad funcional o enfermedad mental crónica.
En el sector de la dependencia, cabe destacar los 38 millones de euros para gestiones integrales en residencias de personas mayores, 3 millones para bono residencia, 45 para plazas de accesibilidad social, o los 10 millones destinados a plazas concertadas residenciales y de día de centros de personas mayores dependientes gestionados por entidades sin ánimo de lucro.
Por otra parte, en el área de diversidad funcional, se abonaron 26 millones de euros, de los que un total de 16'8 millones se destinaron a 72 centros de personas con diversidad funcional y con enfermedad mental crónica gestionados por entidades sin ánimo de lucro, correspondiente al 40% de la subvención anual que estaba pendiente de abonar.
El resto de esta cantidad, es decir 9'2 millones de euros, correspondían a prestaciones vinculadas al servicio y prestaciones económicas individuales para personas con discapacidad o enfermedad mental.
