La Inspección de Trabajo realizará 54.418 actuaciones programadas a lo largo del 2018 en la Comunitat, 7.867 de ellas en la provincia de Castellón. A nivel autonómico la cifra supone un incremento del 4,6% respecto al 2017, es decir, que se harán 3.748 más.
Así lo anunció el director territorial de la Inspección de Trabajo, Eusebio Ortiz, en la jornada organizada por Unión de Mutuas, en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) en València.
El encuentro tenía por objeto presentar las principales líneas de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que se centrarán fundamentalmente en el control de la prevención de riesgos laborales, el empleo irregular y la lucha contra el fraude a la Seguridad Social.
En el ámbito de la prevención de riesgos laborales están previstas 11.908 actuaciones, lo que supone el 22% del total.
La vigilancia se dirigirá a la lucha contra la siniestralidad laboral, el control de las condiciones de seguridad de los diferentes sectores productivos, las fórmulas de gestión de la prevención en las empresas y la apertura de investigaciones sobre los accidentes graves, mortales y leves.
Se pondrá énfasis en evitar el «maquillaje de las consecuencias de los accidentes y en la correcta cumplimentación de los partes», así como en aspectos críticos de la prevención, como «las causas materiales de las caídas de altura, y la información y formación frente a los riesgos laborales».
Asimismo, la Inspección contempla actuaciones en materia de empleo y relaciones laborales para controlar el uso fraudulento de la contratación con el objetivo de «convertir en indefinidos aquellos contratos temporales que cubren necesidades permanentes». Y es que, según indicó, en el 2017, 7.356 contratos temporales en fraude de ley se transformaron en indefinidos.
Eusebio Ortiz recordó que el Ministerio anunció la propuesta de endurecer la penalización a las firmas que realicen contratos temporales sin causa con «la imposición de tantas sanciones como contratos temporales sin causa haya celebrado una empresa», con lo que se corrige el sistema actual centrado en la infracción y que no contempla el número de trabajadores afectados.
