La Conselleria de Educación puso en marcha un control «específico» de las subvenciones al fomento del valenciano recibidas por empresas a las que las mercantiles en las que participa Francisco Puig --hermano del president de la Generalitat-- realizaron algún servicio. Este proceso se inició tras la denuncia de una extrabajadora, al margen de la que interpuso el PPCV por presuntas irregularidades.
Así lo explicó la vicepresidenta del Gobierno valenciano, Mónica Oltra, quien aseguró que el control comenzó «nada más tener conocimiento de la denuncia» y está «a punto de concluir». En función de sus conclusiones, la Generalitat «actuará en consecuencia» y procederá a reintegrar o no las ayudas, señaló Oltra en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell.
La denunciante asegura que existe una red de entidades con sede en Castellón dedicada a la obtención de subvenciones «de todas las conselleries posibles» mediante falsedades, según consta en la declaración que ha prestado ante el ministerio público.
Al respecto, Oltra hizo hincapié en que el departamento que dirige Vicent Marzà «está actuando» dentro de la responsabilidad del Consell de «velar por el buen funcionamiento de la administración pública» en la concesión de ayudas públicas. «Se actúa desde el primer momento que llega una denuncia privada», sentenció la vicepresidenta. H.
