El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dio ayer luz verde a iniciar los trámites para procesar al expresident de la Generalitat Francisco Camps como presunto autor de los delitos de prevaricación y fraude a la administración por contratos relacionados con la instalación del pabellón de la Comunitat en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) 2009. Se trata de una pieza separada del caso Gürtel, en este caso por la adjudicación irregular a la empresa Orange Market del contrato para la instalación del pabellón de grandes eventos, así como otros contratos a esa misma empresa por la Guía de la Comunicación de la Generalitat.

En el auto, con fecha 3 de junio, se requiere al ministerio fiscal y a las partes acusadoras para que en el plazo de diez días soliciten la apertura del juicio oral con la formulación del correspondiente escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. Esta se reabrió a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras dictarse sentencia por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas electorales del 2007 y el 2008, en la que fueron condenados los cabecillas de la Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez El Bigotes, responsable de Orange Market, delegación de Gürtel en València; junto al exsecretario general del PPCV Ricardo Costa, entre otros.

Los condenados reconocieron los hechos, especialmente Costa, número dos del PP en esas fechas; y todos apuntaron a Camps como inductor de la relación privilegiada que Orange Market tenía con la Generalitat. Según aquella sentencia, hubo una clara connivencia entre Gürtel y el PP valenciano. La firma lograba grandes contratos con la administración valenciana a cambio de financiar ilegalmente al partido.

Anticorrupción pidió que se abriera una pieza contra Camps y el instructor volvió a llamar a Correa, Crespo, Pérez y Dora Ibars, que ya estaban investigados y también como testigo a Costa, por contratos entre el 2004 y el 2009, cuando cuatro conselleries y cinco empresas públicas pagaron a Orange Market 1,8 millones de euros en varios pliegos.

«QUEDA PROBADO» // En el auto, el magistrado considera probado que «el expresident y Álvaro Pérez sí tenían entre sí una relación de amistad muy estrecha, que se remontaba al menos al 2003 y que, por tanto, mantenían una comunicación directa». «Constan evidencias de que esta corriente de servicios entre el PP y Orange Market generó una deuda muy voluminosa, que llegó a elevarse a unos 800.000 €, impagada». Y añade que «hay evidencias de que el PP usó distintas estrategias para solucionarlo, todas ilícitas. La primera, el pago mediante abonos en metálico de donaciones ilegales de empresarios valencianos; la segunda, el giro de facturas falsas de Orange Market SL a empresarios, que las asumían y pagaban. Camps estaba plenamente al corriente de la deuda, así como, también, de los dos procedimientos ilícitos».

El juez De la Mata añade que «constan evidencias de que Camps decidió la adjudicación a Orange Market y dio instrucciones para ello». Y subraya que «se constata que conversó con el expresident para asegurarse la asignación del pliego, como cada año».