El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto ha levantado el secreto de sumario de la causa contra el exdelegado del Gobierno en la Comunitat, Serafín Castellano, por el supuesto amaño de contratos para la extinción de incendios. Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat, el juez cree que hay “suficientes indicios de criminalidad” contra Castellano y el resto de investigados, más de 30. El instructor del caso, que costó el cargo a Castellano tras su detención, considera que ha desaparecido el riesgo de “alterar, destruir u ocultar” pruebas.
Además del exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana están imputados un exalto cargo de la Generalitat Valenciana y tres de la de Cataluña. En estas diligencias, Castellano está investigado (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como exconseller de Justicia de la Generalitat.
DETENCIÓN // Castellano fue detenido en mayo del 2015 y quedó en libertad con medidas cautelares (retirada del pasaporte y prohibición de la salida del territorio nacional). La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo del 2015, momento en el que se acordó el secreto de las actuaciones para practicar cuantas diligencias fuesen necesarias “para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables” y garantizar el éxito de la investigación.
IMPLICADOS // Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal) para servicios de extinción de incendios con medios aéreos. Las diligencias están abiertas por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.
La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso “a la totalidad de las presentes diligencias” porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de “alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba”. Además de Castellano, la causa se sigue contra un exalto cargo de la Generalitat Valenciana y un alto cargo del cuerpo de bomberos de la Generalitat de Cataluña.
Ambos fueron arrestados el pasado 13 de enero en el marco de la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF por orden del juez instructor, que se saldó con la detención de otra veintena de personas, entre ellas, dos altos cargos más de la Generalitat de Catalunya, a los que la propia policía dejó en libertad. H
