La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València ha archivado la investigación del accidente de metro de julio del 2006, en el que murieron 43 personas, por haber descartado responsabilidades penales y ante la imposibilidad de acreditar un fallo en el vagón o la vía. Es la segunda vez que se archiva esta investigación judicial, después de la de diciembre del 2007, en aquel entonces a petición de la Fiscalía.

Ahora la jueza concluye que no existen responsables penales porque según los expertos en seguridad ferroviaria, las instalaciones eran apropiadas para circular a 40 kilómetros por hora, pero el vagón iba el doble de rápido. La jueza asegura, basándose en informes periciales, que se pidió la reapertura de la causa «de acuerdo a una información errónea atribuida a una fuente sindical, según la cual la unidad siniestrada había entrado en talleres 13 días antes del accidente por un problema en los frenos, pero la máquina era otra».

Asimismo, subraya que los peritos «han destacado la nula relación entre los tres descarrilamientos previos de la unidad siniestrada, en 1992, 1994 y el 2003, y el del 2006». La jueza rechaza así la petición de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de Julio para que se tomara declaración a la exdirectora de FGV y a los cuatro técnicos investigados. Considera que ni a ellos ni a los otros tres trabajadores investigados que sí han declarado se les puede exigir responsabilidades penales por imprudencia profesional, ya que ninguna norma obligaba a la colocación de una baliza en la curva en que descarriló que protegiese al tren ante un exceso de velocidad.

La instructora se remite a los informes periciales para subrayar que en el 2006, la inexistencia de balizas ante las curvas era una pauta común. Apunta además que ni maquinistas, ni trabajadores, ni sindicatos advirtieron nunca del peligro de ese punto.

De lo expuesto por los peritos, el Juzgado concluye que el sistema de frenado automático puntual FAP, que operaba en la Línea 1, era adecuado y análogo al sistema ASFA de los Cercanías.

En el auto donde acuerda sobreseer la causa, la jueza rechaza una nueva petición de la fiscal para que seis peritos emitan otro informe. Desde la reapertura, en enero del 2014, han comparecido ante la jueza 21 maquinistas.