Guerra judicial a cuenta del archivo de la causa contra el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, por la construcción del circuito de Fórmula 1 de València. Y es que la titular del Juzgado de Instrucción número 17 de Valencia, Carmen García Mingo, ha calificado de «poco seria» la actuación de la Fiscalía Anticorrupción en la causa contra Camps y otros exaltos cargos y ha rechazado archivarla, pese a que el Ministerio Público se pronunció en este sentido.

De este modo se opone frontalmente a la solicitud hecha el pasado 14 de mayo por la Fiscalía Anticorrupción, que reclamó el libre sobreseimiento de esta causa por entender que, aunque la investigación policial puso de manifiesto la existencia de indicios de delitos sobre tres supuestas adjudicaciones amañadas, estos ya estarían prescritos.

En un auto, la jueza acusa a varios responsables de la Fiscalía de haber hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para que avanzasen en la instrucción de la causa y de haber seguido adelante con una querella contra doce personas sin pedir antes determinados informes.

La instructora recuerda que fue el Ministerio Público el que reclamó el auto de incoación de procedimiento abreviado contra los procesados por delitos de malversación, prevaricación y falsedad sin haber acordado periciales sobre la adjudicación de los contratos que cuestionaba ni el supuesto perjuicio que la actividad supuso para el erario.

más reproches // Asimismo, responsabiliza al fiscal de haber aportado a esta causa la confesión del exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa que establecía supuestos vínculos entre las donaciones de constructores a la caja B del partido y los citados contratos. En la petición de archivo, la Fiscalía se refirió a las alusiones a ese asunto que hizo la instructora en su auto de procedimiento abreviado para apuntar que ya «estaban siendo investigadas por el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, habiéndose acordado la declaración de Camps en calidad de investigado».

En respuesta concreta a este punto, señala que en su juzgado «no se investiga la financiación irregular del PP en los comicios de 2007 y 2008, sino la intervención susceptible de ser reprochada» del entonces vicepresidente del Consell Vicente Rambla.

Anticorrupción sustentó su petición de archivo en que los supuestos delitos, en caso de existir, estarían prescritos, y también en el contenido de un informe de la Intervención de la Generalitat en el que se señala que «no se constata la existencia de un perjuicio económico directo».