La titular del Juzgado de Instrucción número 8 de València, que instruye el caso Erial en el que se investigan delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación y prevaricación, desestimó ayer dejar en libertad o en arresto domiciliario al expresidente de la Generalitat y exministro del Gobierno español, Eduardo Zaplana.
La defensa de Zaplana, ejercida por el bufete de Miláns del Bosch, solicitó la semana pasada, mediante un recurso de reforma, la libertad por razones humanitarias, o en su defecto arresto domiciliario del expresidente de la Generalitat y exministro del PP, que permanece en prisión desde el pasado día 22 de mayo.
El pasado viernes, el fiscal anticorrupción se opuso a esa libertad condicional de Zaplana, al que en el 2015 se le diagnosticó una leucemia, por considerar que existía riesgo de fuga y posibilidad de destrucción de pruebas relacionadas con la investigación.
INFORMES MÉDICOS // Fuentes de la defensa del exdirigente indicaron que la magistrada denegó la petición pese a los informes médicos, incluido el forense, que informaban negativamente de la permanencia en prisión de Zaplana, ya que sufre «un cuadro profundo de immunosupresión», lo que supone un «mayor riesgo de sufrir infecciones y que puede llegar incluso a riesgo de muerte».
En el auto de prisión del pasado 22 de mayo, la jueza acusó al investigado de los delitos de blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraude en la contratación, delito fiscal, falsedad documental, asociación ilícita para delinquir y grupo criminal.
En el caso Erial, el juzgado de Instrucción número 8 de Valencia investiga, entre otras actuaciones, el presunto cobro de comisiones derivadas de la concesión de las Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITV), realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana al frente de la Generalitat, y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en el 2003.
DIEZ MILLONES EN COMISIONES // Las investigaciones judiciales realizadas hasta ahora apuntan a que algunos de los empresarios beneficiarios de estas concesiones habrían pagado unos diez millones de euros en concepto de comisiones. Por la presunta trama de corrupción también están en prisión el exalto cargo de la Agencia Valenciana de Turismo y exdirectivo de Terra Mítica, Joaquín Barceló, y el asesor fiscal Francisco Grau. Por su parte, Vicente y José Cotino, ambos sobrinos del exdirigente popular Juan Cotino, salieron en libertad tras comparecer ante la magistrada, aunque con la obligación de presentarse periódicamente en el juzgado.
