El juicio por los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel por el expositor valenciano en Fitur entre 2005 y 2009 alcanzará el próximo martes, más de un año después de su inicio, la fase de conclusiones, en la que cada parte expondrá sus posiciones y se pondrá fin a la vista oral.

Se trata de la pieza número 5 de la denominada rama valenciana del caso Gürtel, la única que se enjuicia en Valencia -además de la conocida como causa de los trajes en la que resultó exonerado el expresident Francisco Camps- dado que las otras cinco se verán en la Audiencia Nacional.

Para la exposición de conclusiones se han reservado nueve días entre el 5 y el 15 de abril (5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14 y 15).

En esta fase del proceso las partes han de expresar si elevan a definitivas sus conclusiones provisionales o las modifican, del mismo modo que las acusaciones podrán modificar sus peticiones de condena o incluso retirarlas respecto a alguno de los acusados o hechos determinados.

El juicio oral arrancó el 31 de marzo de 2015 -con un año de retraso debido al conflicto de competencias que generó la dimisión como diputadas de las dos exconselleras procesadas- y se suspendió al día siguiente a petición de las defensas, para que pudiesen examinar nueva documentación.

Finalmente, se retomó el 19 de junio con la previsión inicial de que se prolongase hasta finales de año, un plazo que se fue prorrogando a medida que avanzaba la vista.

En el banquillo de los acusados se sientan trece personas, entre ellas dos exconselleras de Turismo: Milagrosa Martínez, durante cuyo mandato se adjudicaron los primeros contratos investigados, y Angélica Such, que continuó las adjudicaciones, así como cinco empleados públicos, entre ellos el jefe de gabinete de Martínez, Rafael Betoret.

También seis responsables y empleados de la trama Gürtel, como los supuestos cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez "El Bigotes", Cándido Herrero e Isabel Jordán.

La Fiscalía había pedido penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión, como es el caso de Milagrosa Martínez, Pablo Crespo o Rafael Betoret, quien ya fue condenado en la causa de los trajes, junto al entonces vicepresidente Víctor Campos.

La vista llega a su fase final siete años después de que, al inicio de la operación Gürtel por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, dos funcionarios de Justicia se personaran en la Conselleria de Turismo para buscar los contratos de la Agencia Valenciana de Turismo con Orange Market -la filial valenciana de la trama- sobre Fitur.

Según la investigación, hay indicios de que Orange Market, encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV, se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, pese a que sus ofertas eran las más caras y no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.

La Fiscalía sostuvo inicialmente que el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en esta "irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.

Este es el segundo juicio que acoge el TSJCV sobre la rama valenciana del caso Gürtel, después del referido a la denominada "causa de los trajes", que concluyó en enero de 2012 con la absolución de Francisco Camps y Ricardo Costa y la condena de Betoret y Campos.

Esta es una de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del Partido Popular de la Comunitat Valenciana (PPCV), que ha investigado el TSJCV desde que en mayo de 2011 asumiera la causa, y la primera sobre la que concluyó la instrucción.