La titular del Juzgado de Instrucción número 21 de València decretó ayer la apertura del juicio oral por el accidente del metro ocurrido en el año 2006, en el que murieron 43 personas y 47 resultaron heridas, que sentará en el banquillo de los acusados a ocho ex directivos de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV).
La presidenta de la Asociación de Víctimas del Accidente del Metro del 3 de Julio de 2006 (AVM3J), Rosa Garrote, manifestó su satisfacción por la apertura del juicio, aún sin fecha, ya que supone «un paso menos» de los que les queda en el camino para «llegar al final» y para que «se haga justicia».
Este Juzgado concluyó el pasado 31 de octubre la instrucción del caso, después de rechazar el sobreseimiento del mismo solicitado por los ex directivos y decidió incoar el procedimiento abreviado para estas ocho personas, entre ellas la ex gerente de FGV, Marisa Gracia, y el exjefe de talleres. Además, entre los investigados se encuentran los ex responsables de esta empresa pública Juan José Gimeno Barberá, Vicente Antonio Contreras Bornez, Manuel Sansano Muñoz, Francisco García Sigüenza, Sebastián Argente Cuesta, Luis Miguel Domingo Alepuz y Salvador Orts Pardo, todos ellos miembros del Comité de Seguridad en la Circulación de la compañía de la Generalitat.
La Fiscalía pedía, en sus conclusiones provisionales, tres años y siete meses de prisión para la ex gerente de FGV y para los otros siete procesados en la causa, al considerarlos autores materiales por omisión o por cooperación necesaria de 43 delitos de homicidio, por imprudencia grave profesional; de 37 delitos de lesiones, por imprudencia grave profesional; y también de un delito contra los derechos de los trabajadores. Asimismo solicitaba que se declare la responsabilidad civil directa de la compañía Zurich España SA, y subsidiaria de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, y la apertura de juicio oral ante el Juzgado de lo Penal.
En su escrito, la Fiscalía relata una serie de «graves deficiencias» en la línea de metro accidentada, la línea 1, y asegura que «eran conocidas» por los organismos encargados de la seguridad en FGV, el Comité de Seguridad en la Circulación y la Dirección de Auditoría para la seguridad, que debieron ser «controladas» y sancionadas. Los acusados, desde sus puestos de responsabilidad y su poder de decisión para decidir medidas de seguridad, «conocían o debían conocer» las deficiencias, que suponían «defectos muy graves de seguridad».
