El Juzgado de Instrucción número 18 de Valencia imputó ayer al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus y a otras 11 personas por amañar el contrato del servicio de atención telefónica.

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), como aún no se ha finalizado con el volcado del material informático intervenido por la Guardia Civil en los distintos registros, el juez acordó prorrogar el secreto de sumario sobre las tres piezas que abrió.

Aparte de Rus, entre las otras 11 personas que están siendo investigadas por el magistrado destacan el diputado provincial delegado de Empresas Públicas o el jefe de la sección de la oficina de gestión tributaria, entre otros.

A todos ellos, el juez les imputa delitos de malversación, tráfico de influencias, prevaricación, fraude en la contratación pública, cohecho y falsedad documental. De esta forma, según recoge el auto, Rus, que deberá comparecer ante la justicia el 16 de septiembre, habría contado con la “colaboración” del que fuera jefe de Evaluación y Planificación de la corporación provincial para manipular el proceso de adjudicación del call center “vulnerando el principio de imparcialidad que debe regir la contratación pública”. En el caso también está implicado la empresa pública Imelsa, acusada de corrupción. H