El presidente de la Diputación de València, Jorge Rodríguez, y los otros cinco detenidos este miércoles por supuesta corrupción en el caso Alquería han quedado en libertad después de haber pasado a las 16.05 horas de este jueves a disposición del Juzgado de Instrucción número 9, que lleva el caso, donde han declarado durante más de dos horas.
Todos siguen investigados por malversación y prevaricación por irregularidades en la contratación de personal, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.
Los seis detenidos, que han pasado la noche en los calabozos del Cuartel de Zapadores de València, han llegado en 2 furgones policiales custodiados por un "zeta" a la Ciudad de la Justicia de Valencia, a cuya entrada se habían congregado decenas de periodistas y reporteros gráficos y de televisión.
Rodríguez, quien también es alcalde de Ontinyent y era miembro y portavoz de la Ejecutiva nacional del PSPV-PSOE hasta su destitución orgánica de en la noche del miércoles, fue detenido en una operación que investiga supuestas irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra, empresa pública de la Diputación de Valencia.
Tras realizar las seis detenciones, agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) realizaron el miércoles una serie de registros en domicilios particulares, en el Ayuntamiento de Ontinyent y en la Diputación de Valencia, que concluyeron alrededor de las 22 horas.
La operación Alquería, por la que ha sido detenido Rodríguez, ha supuesto la detención de otras cinco personas: el jefe de gabinete del presidente de la Diputación, Ricard Gallego; los gerentes de la empresa pública provincial Divalterra Agustina Brines (de Compromís) y Xavier Simón (del PSPV-PSOE); el secretario-letrado asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y Manuel Reguart, asesor de Jorge Rodríguez en la Diputación.
Las diligencias declaradas secretas por el Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia se abrieron por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos el pasado mes de mayo, tras la denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción de Valencia en relación a posibles irregularidades en la contratación de personal de alta dirección en Divalterra.
