El pleno del Consell aprobó ayer la oferta de empleo público de personal docente no universitario dependiente de la Conselleria de Educación para el 2019, que contempla un total de 3.575 plazas de acceso libre, incluyendo 734 plazas convocadas y no cubiertas de la oferta del año 2018 en Secundaria y otros cuerpos.

Según explicó la vicepresidenta y portavoz, Mónica Oltra, con esta oferta se pretende asegurar la estabilidad de las plantillas para mejorar la calidad educativa, en «una clara apuesta por mejorar las condiciones laborales del profesorado valenciano». Incidió en que las convocatorias de 2018 (Infantil y Primaria), 2019 (Secundaria), 2020 (Secundaria) y 2021 (Infantil y Primaria) suponen, en total, «la más grande en décadas» realizada por la Generalitat.

En esta convocatoria habrá 2.771 puestos para profesores de Enseñanza Secundaria; 583 para técnicos de Formación Profesional; 60 para docentes de escuelas oficiales de idiomas; 33 para catedráticos de Música y Artes Escénicas; 41 para instructores de Música y Artes Escénicas y 87 para Artes Plásticas y Diseño.

Además, también incluye 720 puestos para la provisión mediante el turno de acceso al cuerpo superior. Estas se distribuyen en 133 para el cuerpo de Secundaria, 580 para catedráticos de Enseñanza Secundaria y siete para Inspección Educativa.

Se establecerá una cuota del 7% de las vacantes para ser cubiertas por personal con discapacidad de grado igual o superior al 33%, siempre que se superen las oportunas pruebas selectivas.

El año pasado, en la mayor oposición en 30 años, se ofertaron 4.636 plazas pero solo se cubrió el 85%, de ahí que a la oferta actual se sumen las 734 plazas convocadas y no cubiertas. De los más de 20.000 aspirantes que se inscribieron en la Comunitat, 2.500 pidieron hacer la prueba en la provincia de Castellón.

En estos momentos la Conselleria está negociando con los sindicatos la convocatoria. Entre las propuestas del STEPV, el mayoritario, se incluye ratios máximas de 40 personas por tribunal y revisar sus condiciones de trabajo, publicación de los criterios de evaluación en tiempo y forma, pruebas anónimas con código de barras, garantizar las condiciones para que las personas con diversidad funcional puedan realizar la prueba, comenzar por la programación didáctica.