El Gobierno autorizó ayer a la Comunitat Valenciana a que formalice operaciones de deuda por un máximo de 80 millones de euros con la finalidad de que sus arcas públicas puedan reestructurar préstamos a largo plazo y reducir así los costes financieros para la región. Indica en la referencia del Consejo de Ministros que serán operaciones a largo plazo, «no superando en ningún caso los plazos residuales de los préstamos los 10 años».

La autorización a la Comunitat es necesaria por haber incumplido el objetivo de estabilidad presupuestaria del año pasado, según lo que señala la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. La autorización aprobada sólo podrá amparar operaciones formalizadas hasta el 31 de diciembre del 2018 y las mismas deberán estar supeditadas al cumplimiento del objetivo de deuda.