La exministra de Medio Ambiente Cristina Narbona admitió ayer que hubo sobrecostes en la construcción de seis desaladoras, en el marco del Programa Agua, durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; pero también subrayó que los sobrecostes «son frecuentes» y que «no siempre» significa que haya corrupción.
La también presidenta del PSOE compareció en el Senado en la comisión de investigación de la financiación de los partidos políticos, convocada a propuesta del PP. Narbona culpó precisamente a los populares de esos sobrecostes, por haber entorpecido la construcción de las desaladoras con «amenazas, descalificaciones y trabas administrativas de todo tipo que generaron alarma social y empresarial».
Ante estas explicaciones, el senador del PP Luis Aznar informó de que el Tribunal Cuentas detectó 214 millones de euros de sobrecostes en seis desaladoras sobre un proyecto total de 2.000 millones, lo que supone que algunas instalaciones costaron un 45% más de lo presupuestado.
El senador también afirmó que las empresas a las que se había encargado la construcción de las desaladoras pagaron «mordidas» a la empresa pública Acuamed, a través de campañas publicitarias. Respecto a las responsabilidades políticas, Aznar insistió en que hay una «trama» de empresas que ha financiado al PSOE.
En su turno de intervención, Narbona negó las acusaciones: «No admito que en sede parlamentaria nadie me diga que tengo algo que ver con una caja B o una mordida porque cuando tuve el menor indicio de una actuación no correcta, lo cesé».
Por su parte, Aznar insistió en que el PSOE durante esa etapa, y en relación con el asunto de las desaladoras, manejó una caja B, si bien no quiso aventurar a dónde ha ido ese dinero: «Sería un juicio de valor, y no lo voy hacer», manifestó. «Más le vale», le respondió la exministra.
desconocimiento // También compareció en comisión la exministra de Vivienda Beatriz Corredor, quien negó su vinculación con la supuesta trama de financiación irregular del PSPV entre 2007 y 2011 e incluso conocer la existencia de la empresa Crespo Gomar, que facturaba servicios para los socialistas valencianos y estaba contratada por Vivienda.
Corredor indicó que como ministra «no tenía ni el deber, ni la obligación, ni la capacidad de conocer el estado de la contratación», e insistió en que se sentía «frustrada e indefensa» por no poder aportar nada más.
Luis Aznar contestó afirmando que, por el cargo que ocupaba entonces la socialista, es la «responsable política de una chapuza que no tiene nombre».
