El expresidente de la Generalitat Valenciana y exministro de Trabajo con el PP Eduardo Zaplana afirmó ayer en declaraciones a Europa Press, tras el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) incorporado al llamado caso Erial y levantarse el secreto de la segunda parte del sumario, en el que se encuentra imputado --ahora, investigado-- por presunta malversación y prevaricación, entre otros delitos, que ni las sociedades investigadas son suyas ni se ha beneficiado de ninguna de las transferencias realizadas.

Zaplana se refirió así al último informe de la Guardia Civil, conocido la pasada semana tras levantarse el secreto de sumario, que concluye que él ocupó un «plano de jerarquía superior» dentro de la trama de las ITV y del Plan Eólico, que obtuvo 11.209.028 euros en comisiones ilegales y fue uno de los «beneficiarios económicos de los activos». El exministro en la época de José María Aznar acudió este lunes a dependencias judiciales a firmar tras ordenarlo hace un año el juzgado de Instrucción 8 de València. El expresidente estuvo en prisión preventiva tras destaparse el supuesto fraude pero quedó en libertad provisional --bajo medidas cautelares-- tras asegurar el órgano instructor seis millones de euros en Suiza, a la espera del desarrollo de la pertinente investigación.

defensa // «Como comprenderán, mi principal atención se centra en mi defensa jurídica», dijo, al tiempo que agregó: «Solo les diré que, una vez levantado el secreto y conocido el resultado de las comisiones rogatorias, ninguna de las sociedades citadas son mías, ni he tenido ningún poder sobre las mismas, igual que las cuentas investigadas. Ni son mías ni he sido beneficiario de ninguna de las transferencias que desde las mismas se han realizado». Asimismo, resaltó en sus declaraciones que del último informe de la UCO «tampoco se acredita ninguna irregularidad en mi responsabilidad al frente de la Generalitat», apostilló. «Comprenderán que lo que tenga que decir sea en sede judicial», insistió.

En el caso Erial se investigan una serie de comisiones aparentemente desembolsadas en atención a las adjudicaciones del servicio de ITV --realizadas en 1997 durante la gestión de Zaplana en la Generalitat valenciana-- y del Plan Eólico de la Comunitat, puesto en marcha en el 2003, «todas ellas adjudicadas y pagadas por parte de sociedades del grupo empresarial Sedesa», de la familia Cotino, según la UCO.

El dinero se enviaba a una sociedad en el extranjero, se ocultaba en cuentas y posteriormente regresaba a España. Según consta en el sumario, en Luxemburgo se llegaron a acumular 11 millones de euros mientras que en Andorra se ingresaron más de 9 millones de euros en metálico.

beneficios // Eduardo Zaplana está acusado de diez delitos por haber cobrado supuestamente sobornos millonarios a cambio de conceder, cuando era presidente de la Generalitat, los contratos de privatización de la ITV y el proyecto de parques eólicos a empresas de la familia de Juan Cotino, expresidente de les Corts y exconseller. Las empresas consiguieron un beneficio de más de 86 millones de euros con esas operaciones, según consta en el sumario.

La forma en la que trabajaba la trama de Eduardo Zaplana ha sido descubierta gracias a las grabaciones secretas que hizo la Guardia Civil. El sumario incluye un vídeo en un hotel, avanzado por este periódico, en el que recoge una cita entre Zaplana y su testaferro. Pese a las declaraciones realizadas ayer por el exjefe del Consell, lo cierto es que la Audiencia provincial de València ha rechazado todos los recursos presentados por los imputados para anular los decomisos.

La Audiencia ha advertido en sus resoluciones que los bienes decomisados por el juzgado que instruye el caso Erial no cubren el dinero público presuntamente malversado o defraudado.

bloqueados // Por el momento, el trabajo de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción ha permitido bloquear 6,3 millones que la presunta organización criminal depositó en dos cuentas corrientes en Suiza. Mientras, en el banco de Andorra solo quedan ahora poco más de 300.000 euros.

En total, el sumario refleja que la trama en torno al exministro popular movió más de 19 millones de euros por catorce países durante 20 años. Según ha acreditado la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en varios informes, la piedra angular era Imison Internacional SA, con sede en Luxemburgo.

Se constituyó con 607.022 euros que el dirigente del Partido Popular valenciano Juan Cotino llevó al país en metálico en 2001. Así lo declaró a los agentes Beatriz García Paesa.