La menor tutelada por la Generalitat que denunció a su monitor por un presunto delito de abusos sexuales no ha recibido ninguna asistencia jurídica durante el tiempo en el que se ha prolongado el procedimiento. La Fiscalía denunció en el juicio la «clara desprotección» de la víctima y en el expediente ni siquiera consta que se haya nombrado un defensor judicial para que le informara de sus derechos y acompañarla en el juicio.
El nombramiento de un defensor judicial aparece en la legislación española como una figura más que protege a los menores no emancipados. Su objetivo es servir de complemento para garantizar los derechos de los menores ante la falta de capacidad para gestionar asuntos judiciales o incluso su propio patrimonio.
Entre los supuestos en los que se hace necesario la figura del defensor judicial, figura cuando existen intereses entre el menor no emancipado y sus progenitores o tutores legales.
La ley prevé que se instará el nombramiento de un defensor cuando los progenitores o tutores se nieguen a representar o asistir en el juicio al menor. En un principio la Fiscalía de València no había pedido indemnización para la joven, aunque ayer corrigió y reclamó 6.000 euros.
No obstante, al no dirigirse ninguna acusación contra la Generalitat, no se reclama ninguna cantidad en concepto de responsabilidad civil. La denunciante sigue siendo menor de edad y su tutela está en manos de la Generalitat, por tanto su tutor es la Administración. Al producirse los hechos cuando estaba ingresada en un centro de menores, tenía la posibilidad de exigir en el juicio responsabilidades a sus tutores por
estos hechos, en este caso, la Generalitat Valenciana.
