El pleno de Les Corts aprobó ayer la modificación de la ley del Consell Jurídic Consultiu (CJC), en la que se limita el mandato de sus miembros a un máximo de ocho años y se cambia el sistema de elección tanto de los consejeros, como de la presidencia.
La nueva norma, que actualiza la ley vigente de 1994 y fue impulsada por Podem hace un año mediante una proposición de ley, quedó aprobada con los votos de todos los grupos excepto del PP, que se abstuvo. Con ella, los seis miembros del CJC serán designados: dos por el Consell y cuatro por Les Corts (hasta ahora elegía tres cada institución). Además, el mandato de los consejeros pasará de cinco a cuatro años, y de un máximo de quince a ocho, garantizándose la paridad de género.
La presidencia de este órgano dejará de ser designada por la presidencia de la Generalitat y será elegida por los consejeros electos en votación secreta, mientras que Les Corts podrán pedir también informes al CJC, algo que estaba limitado al Consell y las entidades locales. Finalmente se ha eliminado del texto la disposición que planteaba que Les Corts tendrían un «servicio de consulta» que asesorara a los grupos sobre las proposiciones legislativas --a juicio de Ciudadanos implicaba duplicar órganos y de haberse mantenido habría votado no--.
La ley introduce que los candidatos a consejeros deberán demostrar más de quince años de ejercicio profesional y tendrán que comparecer ante una comisión de Les Corts para poder acreditar su idoneidad, mientras que el CJC deberá rendir cuentas con una memoria anual.
El portavoz socialista, Manuel Mata, incidió ayer en que es una ley «muy loable» y «ojalá» salga «bien», pero el PSPV «nunca hará una ley ad personam», pues los expresidents son «tienen mucho que aportar», y a los que hayan sido «inmorales» les exigirán cuentas sus partidos o un juez.
Mireia Mollà, de Compromís, consideró que la limitación de mandatos solo afecta a los consejeros electos, no a los natos, y que los expresidents no deberían estar en este órgano, sino en el Consejo Económico y Social.
La diputada de Podem Fabiola Meco aseguró que gracias a esta ley el CJC tendrá «más autonomía y más dosis de democracia y transparencia». Para la diputada del PP María José Ferrer esta ley no es necesaria, es un ejemplo de legislación «a golpe de parche».
