La Generalitat valencia empleará, para fines sociales, los inmuebles del caso Blasco, que fueron que se pagaron con el desvío de fondos.

El Consell ha dado su visto bueno a que la Abogacía de la Generalitat pida al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) que adjudique las viviendas que fueron pagadas con el desvío de fondos públicos en el caso Blasco del anterior Consell. Así lo explicó ayer en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell la vicepresidenta y titular de Igualdad y Políticas Inclusivas, Mónica Oltra. Incidió en que los citados inmuebles irán a parar a “a políticas sociales y a colectivos vulnerables”. El objetivo del nuevo gobierno autonómico es el de “dejar de lado el pasado de saqueo y de falta de escrúpulos”, según Oltra. La vicepresidenta indicó que la corrupción “ha sido un símbolo del antiguo gobierno valenciano”. La intención es dar cumplimiento a lo dispuesto en la sentencia del caso Cooperación, al que Oltra apoda caso Blasco, en la que, con independencia de las condenas de carácter penal, se estipula una responsabilidad civil de 1.623.840 euros. Para hacer efectiva dicha cantidad, el magistrado decidió embargar cuatro viviendas, que eran propiedad de la Fundación Cyes, y que fueron compradaspor esta entidad con las subvenciones de la Generalitat, declaradas fraudulentas y de las que únicamente llegaron a su destino (Nicaragua) 43.000 euros. Un millón y medio se invirtió en tres pisos y un garaje. H