La Policía interroga a los estudiantes de la residencia valenciana para identificar al organizador

Los policías se han entrevistado con los responsables del colegio, que, a la luz de los acontecimientos, han decidido ahora que el comité de disciplina del Colegio Mayor Galileo Galilei abra un expediente informativo para «determinar y esclarecer cualquier conducta de los alumnos que pueda haber ido contra las normas del centro».

Investigadores están estudiando los vídeos e imágenes que han trascendido de la fiesta ibicenca celebrada hace semana y media en la azotea del inmueble y tienen previsto entrevistarse con los estudiantes confinados por Sanidad en la residencia, para intentar recabar más imágenes y, sobre todo, averiguar quién y en qué condiciones organizó el evento, al que asistieron más de 150 estudiantes.

Así mismo, tratan de saber si esa fue la única fiesta o si hubo más, como se cree, y en qué fechas.

Según fuentes de la residencia citadas por la agencia Efe, han dado positivo 131 de los 603 estudiantes alojados en el centro que fueron sometidos a las pruebas PCR tras la detección del brote, lo que supone una tasa de casi un 22 %. A ellos se les suman los contagiados que no pertenecen al Galileo, que Salud Pública cifraba ya el lunes en 14 y otros 23 más del brote detectado con anterioridad entre alumnos de Biotecnología. En total, 168 positivos en el entorno de la Universitat Politécnica de València, según las cifras ofrecidas ayer tarde por la Conselleria de Sanidad.

La organización de fiestas con asistencia masiva de personas está catalogada en el decreto de julio de la Generalitat como falta muy grave, por lo que la sanción recogida en esa norma autonómica se sitúa en la horquilla entre 30.000 y 60.000 euros. Es más, el decreto recoge que puede imponerse una sanción acumulativa —si se considera que alguien ha infringido diez o más preceptos de esa ley— de hasta 600.000 euros.

De todas maneras, los expedientes sancionadores se instruyen con un criterio de proporcionalidad, y por esa razón, todos los organizadores multados hasta ahora lo han sido en la cuantía mínima contemplada para las faltas muy graves, esto es, con 30.000 euros.

Ahora, será la investigación de la Policía de la Generalitat la que acote quién o quiénes son los responsables de esa fiesta origen del contagio masivo y cuántas normas de ese decreto y en qué grado podrían haber vulnerado.

Por otro lado, la Fiscalía provincial de València no abrirá diligencias de investigación penal de oficio sobre la fiesta y sus consecuencias —ha obligado a suspender las clases presenciales en la UPV y las prácticas clínicas de todos los alumnos de Ciencias de la Salud—. El Ministerio Público, por tanto, esperará a que se resuelva la investigación abierta por orden de la Conselleria de Justicia.

Cinco fiestas ilegales sancionadas con 30.000 euros en dos meses

La Generalitat Valenciana ha tramitado ya cinco expedientes sancionadores por falta muy grave con el decreto aprobado a finales de julio para garantizar las medidas sanitarias contra la pandemia de coronavirus. En apenas dos meses, han sido multadas con 30.000 euros cada una de ellas cinco personas por organizar fiestas ilegales con asistencia masiva de personas que, además, no hacían uso en su mayoría de mascarillas.

Una de las primeras sanciones fue para una mujer que organizó una fiesta con medio centenar de asistentes en una casa a las afueras del polígono Mas del Jutge, en Torrent, el 16 de agosto pasado. Los asistentes han sido multados, por su parte, con 1.100 euros cada uno.

Otro de los sancionados con 30.000 euros es el organizador de la fiesta rave celebrada en la noche del 12 al 13 de septiembre en Pego, a la que asistieron más de 100 personas llegadas de toda España. Cerca de 40 fueron multadas también.