El PP de Les Corts asegura que sendos informes técnicos del Consell Jurídic Consultiu y de la Subsecretaría de Presidencia de la Generalitat «coinciden y validan» las alegaciones que los populares presentaron al decreto que regula el funcionamiento de la Oficina de Derechos Lingüísticos.
Así lo explican los diputados populares Jorge Bellver y María Jose Ferrer, que ayer dieron a conocer el expediente administrativo de ese decreto, al que accedieron después de que el Tribunal Superior de Justicia valenciano admitiera a trámite su recurso contra una oficina que a su juicio es «ilegal».
Ferrer señala que de ese expediente se desprende que el PP es el único partido que presentó alegaciones al decreto, las cuales fueron rechazadas por la Conselleria argumentando que se trataba de «juicios de valor», pese a que «coinciden en lo sustancial» con dos órganos independientes como el CJC y la Subsecretaría de Presidencia. Además, argumenta que en uno de los informes se indicaba que faltaba «fundamento legal» para las obligaciones fijadas para las administraciones locales y estatal y que se vulneraba el principio de legalidad al aplicar el decreto en las relaciones privadas e «imponer» a los ciudadanos obligaciones que afectan al ejercicio de sus derechos, concluye el popular.
