Los grupos de PP y Ciudadanos (Cs) en la Diputación de Valencia pidieron ayer la dimisión inmediata del presidente de la institución, Jorge Rodríguez, tras su detención y posterior puesta en libertad en el marco de la operación Alquería. Rodríguez está investigado en una causa sobre posibles delitos de malversación y prevaricación en la contratación de altos cargos en Divalterra, empresa pública de la corporación provincial.
Así, la vicesecretaria de Organización del PPCV y portavoz del partido en el ente, Mari Carmen Contelles, calificó de «insostenible» la situación y afirmó que «pone en cuestión la autoridad y credibilidad de Pedro Sánchez y Ximo Puig». A su vez, la portavoz de Cs en el ente, Mamen Peris, consideró «kafkiana» la posibilidad de que mantuviera el acta de diputado como no adscrito y opinó que el organismo se vería aún más dañado si se consintiera.
Contelles reiteró la exigencia de una «dimisión inmediata» de Rodríguez como presidente de la Diputación y como alcalde de Ontinyent. Destacó que «su partido le ha abierto la puerta de salida suspendiéndolo de militancia pero él parece dispuesto a enrocarse en sus cargos». «Han pasado tres días desde su detención y sigue sin presentar su renuncia», señaló Contelles, cuestionando el discurso regenerador que pretenden atribuirse Puig y Sánchez.
En la misma línea, Soraya Sáenz de Santamaría, candidata a la presidencia del PP, dijo ayer que no le va a aceptar «a Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados lecciones de regeneración ninguna mientras tenga y siga presidiendo la Diputación de Valencia una persona que ha sido detenida por corrupción», en referencia a Jorge Rodríguez.
Peris, mientras, consideró que «es necesario que dimita ya para que se restituya la normalidad en la corporación provincial y en Divalterra», al tiempo que indicó que «los valencianos necesitamos recuperar la confianza en las instituciones, que PP, PSOE y Compromís han roto».
Del mismo modo, dijo que «el PSOE no está capacitado para dirigir esta institución en plena guerra interna ya que les preocupan más los sillones que el interés general». Asimismo, insistió que «este es otro caso Cifuentes».
Por otro lado, la Unión Federal de Policía exigió al delegado del Gobierno en la Comunitat, Juan Carlos Fulgencio, «una disculpa pública por sus declaraciones» sobre la actuación policial en la operación, al criticar el daño anticipado importante que se hace a la persona y su entorno.
