La portavoz de Justicia del PP en Les Corts, María José Ferrer San-Segundo, exige a la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, que asuma responsabilidades «de inmediato», entre ellas la dimisión, después de que el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales haya anulado las obras de la sede del TSJCV.

Según Ferrer, la consellera ya había sido advertida de que la adjudicación «a dedo» de estas obras a la empresa Tragsa «acarrearía numerosos problemas, conllevando la paralización, y retraso, de la rehabilitación del TSJCV», subraya.

Por su parte, Bravo asegura que no se trata «de una adjudicación a dedo» y que se tramitó según la ley de contratos. Al concurso se presentaron dos empresas, una se retiró y la otra fue rechazada, por lo que la «urgencia» de la remodelación motivó que el trabajo se encomendara a Tragsa.